Donald Trump se enfrenta de nuevo a los tribunales, esta vez por la sustracción de documentos clasificados. El expresidente ha entrado en el Palacio de Justicia federal Wilkie D. Ferguson Jr. del centro de Miami. Allí le han leído los cargos de los que se le acusa. En los tribunales federales está prohibido llevar teléfono, portátiles y otros dispositivos electrónicos de grabación dentro de la sala, por lo que no se sabe lo que ocurre en el interior hasta que termine la declaración, ha asegurado Pozzi.
Al expresidente se le acusa por dos cuestiones. Un total de 37 delitos que se dividen en dos. 31 son por legislación sobre espionajes, por tener documentos que ponen en riesgo la seguridad nacional, documentos sobre armamento nuclear, vulneración de sistemas defensivos y operaciones con aliados. Otros seis son por entorpecer la instrucción, por poner pegas y trabas a la investigación.
El caso de Trump es llamativo pero no es el único. También el actual presidente Joe Biden tenía documentos clasificados en su casa, se los llevó tras dejar el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos. Y el que fue vicepresidente con Trump, Mike Pence, también tenía documentos. La diferencia es que no eran documentos sensibles y Biden y Pence han colaborado para entregarlos y explicarse. Ellos enseguida entregaron y cooperaron con el FBI.
El juez ante el que ha comparecido es Jonathan Goodman. Juez veterano cuya función será presidir y decidir el jurado y las pruebas. Actuará de manera independiente o responsable. Los jueces pueden interpretar en otro tipo de juicios, pero en un juicio por violación de una Ley Federal van más con una actitud más pegada a la ortodoxia por lo relevante de la acusación.
El fiscal que ha decidido acusarle, que le ha llevado ante el tribunal es Jack Smith. Es un fiscal especial, muy reputado en EEUU y en ámbitos internacionales porque estuvo trabajando en la Corte Penal Internacional. Según Pozzi, un fiscal muy profesional y eso hace que los republicanos no lo estén atacando. Creen que si ha presentado el caso es porque lo tiene muy atado y muy seguro de ganar. Y posiblemente sea así: un fiscal no va a juicio si no cree que puede ganar.
Todos los abogados de Trump de este caso dimitieron en cuanto se conoció la imputación, cuando perdieron la acusación ante el Gran Jurado. Los dos que representan a Trump son Christopher Kise y Todd Blanche. Uno es del caso de la actriz porno a la que pagó por su silencio de encuentros sexuales, Stormy Daniels; y otro el que lleva la investigación sobre cómo manipulaba activos de la empresa para acceder a financiación.
La estrategia de defensa de Donald Trump se articula sobre tres ejes. Primero, que es víctima de un ataque político dirigido contra él. Segundo, que tiene derecho a tener esos documentos porque están desclasificados y le pertenecen porque alguno iba dirigido a él. Y tercero, forzar al Gobierno a presentar evidencias secretas que no pueden mostrar para justificar las acusaciones: armamento nuclear, vulneraciones sistemas defensivos y operaciones en el extranjero.
¿Cómo puede influir que el jurado haya sido elegido en un estado de mayoría afín a Trump? Pozzi afirma que cuando uno es estadounidense hay dos cosas que te reconocen: votar y formar parte de un jurado. Cuando se forma parte de un jurado, no se puede participar si se tienen unas ideas previas del caso. Pero sesgo puede haber y por eso Trump se puede sentir más cómodo en Florida, aunque puede ser un engaño a sí mismo o una trampa. Si es condenado en un Estado de mayoría afín, se le puede complicar su victimismo.
De hecho, a su partido, a los republicanos, esta acusación no le sienta del todo bien. Hay republicanos que han salido en defensa de Trump, pero son menos relevantes que todos los que están callados. La mayor parte de las figuras republicanas no han dicho nada.
Se podría decir que Trump ya ha sido condenado por un jurado por este caso en Florida, por el Gran Jurado. Antes de ser llevado a juicio, un jurado popular de Florida, el Gran Jurado, tuvo que decidir si había caso, si había motivos para juzgar a Trump. Y decidió que sí. Eso, en sí, es ya como haber sido condenado. Aunque la condena, la decisión real, la tiene el jurado de ahora.
En caso de ser condenado, no le supone ningún problema para ser candidato a la presidencia. La Constitución no impide que un condenado sea candidato salvo que haya sido condenado por insurrección. Pero Trump tiene un caso en el que se le puede acusar de ello: el asalto al capitolio. Podría ser imputado por algo parecido a la sedición. Por ahora, todos los que han sido juzgados por esto han sido ya condenados por insurrección.
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