Control desde dentro

¿Cuánto poder tiene un ministro de Hacienda? El caso Montoro lo deja al descubierto

¿Qué pasó? Durante años, Cristóbal Montoro no solo controló los números del Estado: también usó Hacienda para castigar a críticos, premiar a empresas amigas y mover los hilos de la política desde los despachos de la Agencia Tributaria

¿Cuánto poder tiene un ministro de Hacienda? El caso Montoro lo deja al descubierto

Durante años, Cristóbal Montoro fue uno de los hombres más poderosos del Gobierno. Ministro de Hacienda con Aznar y, más tarde, pieza clave del Ejecutivo de Rajoy, su figura se hizo omnipresente en los momentos más duros de la crisis. Aparecía, sonreía y detrás de cada sonrisa, venía un recorte. Le vimos reírse mucho. Muchísimo.

Lo que entonces no sabíamos —y que ahora empieza a salir a la luz— es que tras esa imagen de gestor implacable, podría esconderse algo mucho más grave: un presunto abuso de poder de proporciones enormes.

Porque Montoro no solo manejaba los números. Presuntamente, habría usado datos fiscales confidenciales para amedrentar, presionar e incluso castigar a quienes le resultaban incómodos: rivales políticos, medios de comunicación, personalidades públicas. Y todo esto, utilizando una de las herramientas más sensibles del Estado: la Agencia Tributaria.

¿Cuánto poder tiene un ministro de Hacienda?

Mucho. Más del que solemos imaginar. Montoro tenía capacidad para decidir qué se recortaba, cómo se recaudaba, y a quién se inspeccionaba. Pero lo que se le reprocha ahora no es que tuviera poder, sino cómo lo usó.

La ley es clara: los datos fiscales de los ciudadanos solo pueden usarse para fines tributarios. Para gestionar impuestos, detectar fraudes, abrir inspecciones por motivos justificados. No para lanzar una inspección como castigo. No para fisgonear en las declaraciones de renta de adversarios políticos. Y, desde luego, no para filtrar esa información a terceros.

Pero según algunas voces dentro de la propia administración, eso es justo lo que hizo Montoro. Y no lo hizo solo.

¿Quién accedía a los datos?

Un ministro no tiene una clave para entrar en los ordenadores de Hacienda. No puede abrir una declaración de la renta desde su despacho. Para que algo así ocurra, alguien dentro tuvo que facilitarle esa información. Y ahí es donde aparece el nombre del entonces director general de la Agencia Tributaria, que habría actuado como ejecutor de las órdenes políticas. ¿Solo él? Es probable que hiciera falta la colaboración de inspectores o funcionarios concretos.

Pero esto no es tan difícil de rastrear. Cada acceso a un expediente queda registrado: qué funcionario lo hizo, desde qué ordenador, en qué oficina, a qué hora. Es un sistema blindado porque lo exige la ley, y porque cualquier irregularidad puede suponer la suspensión inmediata del trabajador. Todo esto lo saben quienes trabajan allí. Y, aun así, alguien se saltó las normas.

Propuestas a medida y presupuestos "a la carta"

El poder de Montoro tampoco se limitó al acceso indebido a información. Desde su antiguo despacho profesional —del que nunca se desligó del todo— se ofrecían servicios a empresas que, poco después, se veían beneficiadas por cambios legales hechos a medida. En algunos casos, esas modificaciones aparecían directamente en los Presupuestos Generales del Estado, antes incluso de que Rajoy los viera.

Sí: había empresas que sabían lo que iba a pasar antes que el propio presidente del Gobierno.