Ada Colau ha sido citada como investigada por unas supuestas presiones a un fondo de inversión. Ese fondo, al que la alcaldesa considera un 'fondo buitre', la acusa de haberles coaccionado para dedicar viviendas a alquiler social.

La llevan ante la jueza porque creen que prevaricó por las sanciones que les impuso el ayuntamiento de Barcelona. El origen del conflicto está en marzo de 2020, justo antes de que la pandemia se llevara todos los titulares. Los mossos desalojaron seis viviendas del barrio de Poble-Sec en Barcelona. Allí vivían seis familias en situación de vulnerabilidad que llevaban en pisos vacíos desde hacía tres años. El fondo 'Vauras Investment' compró ese bloque de pisos y denunció ante la justicia para que desahuciara a esas familias.

El Ayuntamiento trató de frenar este desahucio y lo hizo acogiéndose a la ley que aprobó la Generalitat en 2019. En ella se obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de desahuciar. El Ayuntamiento amenazó con multar a este fondo si no cumplía la ley. Pero el fondo buitre no hizo ni caso y el desahucio se llevó a cabo sin que esas seis familias tuvieran una alternativa.

Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona le impuso una sanción y empezó el lío judicial. Una multa de más de 400.000 euros, que, por supuesto, el fondo buitre no quiere pagar. Lo que hicieron fue denunciar al Ayuntamiento de Barcelona por coacción, es decir, por presionarles a ofrecer un alquiler social y por prevaricación.

La jueza de primera instancia ni siquiera admitió a trámite la denuncia del fondo de inversión. Entendió que los delitos de los que se acusaban a Colau y a su equipo, literalmente "no tenían ni rigor, ni precisión", y que, "tampoco había indicios de un delito penal". El fondo recurrió esta decisión de la jueza, llegó a la Audiencia Provincial de Barcelona que ha sido quien ha ordenado que se reabra el caso y por eso han citado a declarar a Colau y otros tres miembros destacados del Ayuntamiento de Barcelona.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona dicen que lo único que hicieron en su momento fue aplicar la ley vigente y están muy tranquilos porque ya llevan más de 10 denuncias contra el Ayuntamiento que han sido archivadas. La propia Colau hoy lo que denunciaba es que cada vez que legislan contra este tipo de fondos, empieza una ola de demandas.

Desde el fondo de inversión no van a hacer declaraciones. Lo que sí sabemos es lo que alegan ante el juez, dicen que el Ayuntamiento de Colau les amenazó con no concederles más licencias de obras.

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