En lo que respecta a la primera afirmación, que han suprimido las tasas judiciales para las personas físicas y han mantenido las que afectan a las personas jurídicas (salvo excepciones), podemos decir que es verdadero. El impuesto que gravaba a los ciudadanos que hacían uso de los tribunales de justicia entró en vigor con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y se ha retirado tres años después con el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Aunque también es justo decir que, mucho antes de la rectificación del Gobierno, el Tribunal Supremo había dejado sin efectos ciertos artículos de la controvertida ley, así como se habían producido algunas sentencias [1,2] que eximían al ciudadano de pagar dichas tasas. De todo esto hablamos hace algún tiempo:
Para resolver la segunda parte del enunciado de Catalá, donde hace referencia al gobierno de Rodríguez Zapatero y la existencia también de determinadas tasas judiciales, hemos tenido que hacer un poco de memoria y consultar con expertos entre los que se encuentra el Colegio de Abogados de Madrid y Verónica del Campo, Abogada y profesora de Derecho Civil.
Lo primero que habría que resaltar es que el pago por acudir a la Justiciadesapareció por completoen España a finales de 1986. Estando Felipe González en el Gobierno, la Justicia fue totalmente gratuita para todos los españoles (hablamos de los impuestos a nivel estatal, no autonómico), pues así lo decidió el Congreso de los Diputados en conjunto. Hubo dieciséis años de gratuidad del sistema, hasta que José María Aznar, con esta ley, incluyó los primeros copagos a las grandes empresas. Cuando Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno, no eliminó las tasas introducidas por su antecesor, pero si hizo algunos ajustes y matizaciones de leyes anteriores [1, 2] que no afectaban al bolsillo del contribuyente de a pie. De tal forma que, si bien Rodríguez Zapatero no eliminó las tasas de 2002, tampoco las aumentó.
Por lo tanto, la afirmación de Rafael Catalá sería engañosa.