Una de las medidas más criticadas ha sido la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. La cifra es alarmante: casi 900.000 personas se han quedado sin ella. Y no solo ellos, también los españoles.
En concreto un colectivo ya muy castigado: los parados de larga duración y ya sin prestación o el subsidio. Pierden su derecho a la asistencia sanitaria los que estén en el extranjero y vivan allí más de 90 días en un año.
Otro grupo afectado: los rentistas. Pagan sus impuestos y con ello mantienen también la sanidad pública pero tampoco tienen tarjeta. Son los que no cotizan y tienen unos ingresos superiores a 100.000 euros.
Y hay una medida que ha generado un rechazo prácticamente total, incluyendo a las comunidades del PP, ha sido el copago farmacéutico hospitalario. Hace seis meses que entró en vigor, pero ninguna comunidad ha puesto en marcha, solo las ciudades autónomas Ceuta y Melilla.
Aquí los pensionistas tienen que poner de su bolsillo, un 10% más del precio de sus medicamentos. Las diferencias entre comunidades son muy notables a la hora de aplicar los aspectos que veíamos antes, pero en esto, de momento, todas se plantan.
Extremadura y Castilla La Mancha anunciaron que compensarían a los enfermos. Castilla y León llegó a recurrir la medida en los tribunales, rechazo al que se unió Asturias, Canarias, Andalucía. Y el resto, se excusaban en los problemas técnicos para aplicarla. La ministra se queda sola, aunque el Gobierno se empeña en mantener esta reforma.