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Joaquim Bosch, sobre los menores en Ceuta: "La ley regula con claridad la obligación de las comunidades autónomas de acoger a los menores"
Bosch advierte de que las devoluciones inmediatas de migrantes en Ceuta no son posibles con la legislación actual y recuerda la obligación de tramitar cada caso de forma individual.
Joaquín Bosch, magistrado y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, advierte de que una expulsión inmediata de los migrantes llegados a Ceuta no sería posible con la legislación vigente.Bosch aclara, eso sí, que sus declaraciones las realiza "a título estrictamente personal", ya que actualmente ya no ejerce como portavoz de la asociación.
Frente a las propuestas que plantean agilizar o incluso ejecutar de forma inmediata las devoluciones a Marruecos, Bosch recuerda que España está sometida a sus propias normas y que la eventual aceptación de las devoluciones por parte de Marruecos no altera esa obligación. "Marruecos no es un país democrático ni un Estado de derecho. España sí es una democracia y un Estado de derecho y está obligada a cumplir sus propias reglas", señala.
En este sentido, apunta a la Ley de Extranjería y a la Ley de Protección Jurídica del Menor como las principales normas que deben aplicarse en esta situación. A su juicio, ambas obligan a analizar individualmente cada caso. "Nuestro ordenamiento jurídico obliga de una manera directa a practicar expedientes individualizados en el caso de los menores, en el caso de quienes pidan asilo y en el caso de las personas extranjeras cuya situación tenga que regularse a través de la Ley de Extranjería", explica.
Por ello, considera contradictorio que los partidos que han participado en la elaboración de estas normas reclamen ahora actuaciones que no se ajusten a ellas. "Creo que es más bien irresponsable participar en la elaboración de leyes y después incitar públicamente a que estas leyes no se cumplan", sostiene.
Bosch recuerda, además, que existen precedentes en los que las autoridades actuaron sin completar los trámites exigidos. Se refiere a la devolución de decenas de menores ejecutada en el pasado por una delegada del Gobierno y una vicepresidenta de Ceuta, que posteriormente fueron condenadas penalmente por prevaricación. "Por ello, creo que hay que llamar a cierta responsabilidad, a cierta prudencia institucional", afirma. A su juicio, la vía para responder a la situación actual pasa por agilizar los procedimientos, pero sin saltarse las garantías legales: "Lo que se puede hacer es agilizar al máximo los trámites para completar los expedientes lo antes posible".
La posible reforma de la Ley de Extranjería
El magistrado también analiza el debate abierto en las últimas horas en el Congreso de los Diputados, después de que un diputado socialista se dirigiera a la bancada del PP para plantear un acuerdo entre ambos partidos con el objetivo de reformar la Ley de Extranjería y abordar las devoluciones de quienes llegan a España por vía marítima.
La cuestión ha generado también críticas desde el Partido Popular, que recuerda que presentó el pasado 16 de julio —antes de la llegada masiva de migrantes— una proposición de ley para modificar la Ley de Extranjería precisamente con este objetivo. Los populares sostienen que aquella iniciativa quedó sin tramitar y cuestionan que el Gobierno plantee ahora una reforma similar después de la crisis migratoria y de la tragedia en la que han muerto más de 140 personas.
Más allá del debate político, Bosch considera que jurídicamente sí sería posible modificar la legislación, aunque esa eventual reforma no podría resolver de manera inmediata la situación actual. "Cualquier reforma no operaría sobre la situación actual, porque además tendría que tramitarse y esto llevaría un cierto tiempo hasta que se aprobara", explica.
La clave está, según su interpretación, en cómo se aplica actualmente la figura de la devolución en caliente. La legislación permite esta posibilidad para quienes superen determinados "elementos de contención fronterizos", concepto que el Tribunal Supremo ha interpretado en una sentencia reciente. Bosch señala que esos elementos deben entenderse como obstáculos físicos, como "vallas, barreras equivalentes y situaciones que en tierra tengan que ser sorteadas".
El problema aparece cuando la entrada se produce por mar. "En cambio, en el mar, los drones y los mecanismos de vigilancia no son propiamente elementos físicos de contención", sostiene. De ahí que, con la regulación y la interpretación judicial actuales, las personas que entren a nado no puedan ser objeto de una devolución en caliente en los mismos términos** que quienes superan una barrera física terrestre.
La solución, apunta, pasaría por una modificación legislativa acordada por los principales partidos. "Si los dos principales partidos del país se ponen de acuerdo para reformar la Ley de Extranjería e incorporar la situación que lleve a una posible devolución en caliente de quienes entren por el mar, técnicamente no es demasiado difícil", afirma. A su juicio, "es más bien una cuestión de voluntad política" y, si existiera ese acuerdo, "esa reforma sería relativamente sencilla de llevar a cabo".
Las comunidades autónomas y el reparto de menores
Otro de los puntos del debate es la posibilidad de que una comunidad autónoma se niegue a acoger a los menores migrantes que sean trasladados desde Ceuta a la Península. Bosch sostiene que las comunidades autónomas están obligadas legalmente a participar en el sistema de acogida y protección establecido.
"La ley regula con claridad la obligación de las comunidades autónomas de acoger a los menores que resulten de la distribución que está acordada", señala. Recuerda además que el Tribunal Constitucional ha respaldado las obligaciones autonómicas en esta materia y que ya se han producido en el pasado situaciones en las que alguna comunidad expresó su negativa a recibir menores, aunque finalmente las acogidas se llevaron a cabo.
La razón es que son las comunidades autónomas las que tienen atribuidas las competencias en materia de tutela y protección de menores. En el caso de Ceuta, Bosch considera que la dimensión de la llegada hace inviable que la ciudad pueda afrontar la situación por sí sola. "Es evidente que Ceuta en solitario no puede asumir la gestión de tantísimos menores porque no tiene recursos para ello", afirma.
Por eso, recuerda que la legislación contempla mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de acogida. "La propia legislación establece la posibilidad de imponer medidas ejecutivas para forzarla", explica Bosch, quien añade que, en determinados supuestos, "incluso podría haber responsabilidades para los cargos públicos que se negaran al cumplimiento de la ley".