Pedro Sánchez ha solicitado a los presidentes autonómicos una lista de infraestructuras, tanto públicas como privadas, paraaislar enfermos asintomáticos de coronavirus que no requieran hospitalización, pero que hayan dado positivo, evitando que contagien a personas cercanas.
Una medida polémica si se analiza la posibilidad de que este ingreso sea obligatorio a pesar de que los pacientes diagnosticados se encuentren en buen estado de salud, una posibilidad que no ha descartado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Supongo que una voluntariedad manifiesta si fuese precisa sería algo factible. Si no, se estudiarían todas las opciones legales".
Beatriz Parera, periodista de tribunales, ha asegurado en Al Rojo Vivo que hay quien piensa que esta medida sí "está amparada por la Constitución", aunque la gran mayoría considera que "no sería constitucional ni encajaría en las condiciones del Estado de Alarma".
Así, sería necesario que se decretase un Estado de Excepción, que ya supone una "suspensión de derechos y no una limitación", para que confinarse en estas 'Arcas de Noé' fuera de cumplimiento obligado.
Otra de las opciones es la creación de una ley orgánica que lo amparara. "Muchos de los juristas asimilan esta situación con la de un arresto. No se puede obligar a nadie a realizarse un test y menos a trasladarse de su domicilio a un sitio habilitado al efecto", ha explicado la periodista.
Un tercer supuesto para que pueda obligarse a la población a aislarse en estas 'Arcas de Noé' sería el apoyo judicial. "Obligar a la persona que se resista a ello a través de una orden judicial", ha explicado Beatriza Parera.
Geocontrol como medida en la desescalada
Además, el Gobierno también ha anunciado la posibilidad de que se impulse el geocontrol de los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles. Esta aplicación permitiría la geolocalización de las personas una vez se inicie ladesescalada del confinamiento.
Al respecto, Beatriz Parera ha insistido en que "de manera progresiva, por el estado de excepcionalidad en el que nos encontramos, estamos avanzando a un recorte de libertades".
Beatriz Parera: "Va a ser muy difícil recular una vez que hemos renunciado a diferentes derechos"
"Los juristas explican que este avance en el recorte de libertades puede acabar quedándose para siempre", ha explicado la periodista, que ha asegurado que "va a ser muy difícil recular una vez que hemos renunciado a diferentes derechos".
"Todo esto acabará en manos del Tribunal Constitucional, que tendrá que determinar si todo esto es constitucional o no lo es", ha zanjado Parera.
El Gobierno asegura que será una app con privacidad
Según han informado fuentes institucionales, la aplicación en la que trabaja el Ejecutivo está validada por la Agencia de Protección de Datos. El motivo de la geolocalización, justifican, es que la atención en cada comunidad autónoma es diferente, aunque aseguran que los datos son totalmente anónimos
De hecho, insisten, "su desarrollo esta tardando más porque se esta cuidando mucho la seguridad y privacidad". Además, el Ejecutivo descarta que se vaya a controlar la movilidad de una comunidad autónoma a otra y asegura que nadie tendrá conocimiento de quien está detrás de ese teléfono.
En este sentido, la aplicación se crea con un propósito de autodiagnóstico y recopilación de datos anónimos para los servicios sanitarios, que son los que podrán contactar con cada ciudadano.
El Gobierno ha informado de que la geolocalización se activa cuando el ciudadano finaliza la autoevaluación, por lo que,en caso de intentar burlarlo, si el servicio de salud de la comunidad en la que dices estar detecta que realmente no te encuentras allí no te llamará.
Además, ha reconocido el Ejecutvo, se podrá detectar el movimiento con las autoevaluaciones, ya que será visible si un usuario hace una evaluación en una comunidad y otra en otra, aunque no es el objetivo.
Hay un detenido
Al menos cuatro muertos en un tiroteo cerca de un campo de migrantes en Francia
De acuerdo con fuentes del diario francés 'La Voix du Nord', entre los fallecidos hay dos migrantes de origen kurdo y dos empleados de una compañía de seguridad portuaria. El joven había matado previamente a una quinta persona.