Cuando, cada mañana, Margarita se levanta para llevar a su pequeña, su hija de 10 años, al colegio, tiene que hacer malabarismos. No es fácil combinar su jornada laboral como auxiliar de geriatría, por un lado, con la atención a sus otros hijos. Son cinco miembros en casa y cada día es un carrusel. Por el miedo al COVID-19. Por la situación de los niños. Por no llegar a fin de mes. Y porque, ahora, teme que la tramitación de la llamada ley Celaá haga que sus cuentas, medidas al milímetro con las cuotas educativas que se ve invitada a pagar, se tambaleen.
Margarita -nombre ficticio, dado que el debate en torno a la reforma, tan polarizado, ha hecho que los padres consultados prefieran no significarse-, de 26 años, peregrina todas las mañanas hasta la misma entrada del centro educativo de su hija, un colegio concertado en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Es una institución pequeña, casi imperceptible en mitad de una calle repleta de idas y venidas, si no fuera por el goteo de niños, que distribuyen su entrada en tramos para no agolparse.
Para ella, el futuro siempre tiene forma de corto plazo. Comenzando con la votación de este jueves en el Congreso del proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), la propuesta educativa del Gobierno. La polémica está servida y los colegios concertados están en pie de guerra. Pero, sin focos ni lazos, sin manifiestos ni pancartas, las familias andan perdidas.
Especialmente, aquellas con menos recursos que tuvieron que optar por la concertada aunque hubiesen deseado escolarizar a sus hijos en una escuela pública. Porque hay ocasiones en las que -ya sea por falta de plazas o por la práctica inexistencia de centros públicos en determinados barrios- a los padres y madres no les queda otra. Como a Margarita. En su distrito, por ejemplo, hay 12 colegios públicos frente a 25 concertados.
Uno de cada cuatro alumnos va a la concertada
En España, la mayoría de los centros educativos privados tienen algún tipo de concierto con la administración pública. De los 8.276.528 alumnos y alumnas que estudian en enseñanzas no universitarias, sólo el 7% lo hace en centros privados, frente al 26% que acuden a centros concertados, según cifras del Ministerio de Educación consultadas por laSexta.com.
El 26% de los escolares acude a la concertada
Desde 2010, el número de centros concertados en España ha crecido un 6%, frente al 4% de los públicos. La escuela privada ha crecido exponencialmente a su lado: en esta misma década, sus centros se han disparado un 25%. Pero el fenómeno de la concertada se encuentra regulado en nuestro país desde 1985, en el que el Real Decreto 2377/1985 ya establecía la obligatoriedad de ofrecer una escolaridad gratuita, al nutrirse de fondos públicos. Su función no era otra que llegar a donde no podía el Estado.
Los centros concertados también podían, según la legislación, percibir cantidades determinadas de dinero para sustentar sus proyectos educativos, que, en muchas ocasiones, se basan en una menor ratio de alumnos por aula, una mejor dotación tecnológica del centro o el establecimiento de diversas instalaciones que permitan mejorar la calidad de la educación, como pistas deportivas o piscinas. Pero esas actividades deberían ser “complementarias, voluntarias y sin carácter discriminatorio”, además de no ser lucrativas.
Aunque la realidad es bien diferente.
El 90% de los coles cobra cuotas
Que se lo digan a Margarita. Ella, cuyo marido se quedó en paro con la llegada de la pandemia -aunque ha encontrado un nuevo puesto de trabajo en los últimos días-, se ha visto con el agua al cuello con el pago de cuotas. Porque estas retribuciones existen, aunque se disfracen bajo otros términos. En su caso, el colegio le permitió el fraccionamiento de los pagos. ¿La excusa para estas cuotas? El sustento del AMPA.
Las cuotas son, de media, de 255€ y 110,81€ en Cataluña y Madrid
Lo cierto es que el 90% de los colegios concertados en España cobran cuotas, aunque sea algo irregular. Así se desprende del último informe presentado por la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) sobre la política de cobros y tarifas en base a la información que facilitan a las familias en 336 centros educativos concertados, muestra utilizada para el estudio. La investigación concluye que el 90% de estos colegios cobran cuotas mensuales y en un 89% de los casos son, además, obligatorias, en contra de lo establecido en la legislación.
Las cuotas, de hecho, suelen tener tres cifras. Por ejemplo, suponen una media de 255€ y 110,81€ en Cataluña y la Comunidad de Madrid, respectivamente. Las familias sin recursos, claro, no pueden acceder.
La eliminación de la demanda social
La educación concertada y la pública han vivido en una armonía relativa, finísima pero duradera, desde los 80 hasta hace unos años. “Era una doble red consolidada”, afirma en conversación con esta cadena Paco García, secretario general de CCOO Enseñanza. Hasta que llegó la llamada ley Wert, que se implantó en el curso escolar 2014-2015. “La LOMCE [siglas del nombre oficial de la ley] cambió las reglas del juego y los acuerdos y equilibrios que se habían tejido en nuestro país se rompieron, porque introdujo elementos para favorecer lo privado. Por ejemplo, la demanda social”, mantiene.
La ley Wert favoreció a la concertada
Este mecanismo primaba la elección de las familias sobre la programación general de las plazas educativas. Es decir: la Administración debía garantizar a los padres plazas en centros concertados y, con la LOMCE, se podían ofertar más a petición de las familias, aunque hubiera suficientes en los centros públicos, que debían reducir su oferta.
La actual ministra de Educación, Isabel Celaá, ya consideró ese concepto “un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la educación concertada” y, por eso, en esta nueva reforma educativa ha eliminado esa preferencia.
Eso, justamente, es lo que ha hecho que las escuelas concertadas se levanten en armas: con las modificaciones a su modelo, temen quedarse sin ingresos. “Hay colegios concertados con piscinas que cuestan 300 euros al mes. Pero, al estar sostenidos con fondos públicos, deberían ser gratuitos. La concertada no es una enseñanza para quien busque una educación elitista pero que cueste un poco menos: no, debe ser gratuita”, considera García.
¿Discrimina la concertada?
Pero esta no es la visión compartida, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, uno de los principales arietes políticos frente a la nueva reforma educativa. La Consejería de Educación, en conversación con laSexta.com, considera que “a través de la Ley Celaá, el Gobierno pretende marginar a la concertada como red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la demanda social, la cesión de terrenos y la educación diferenciada. El 56% de las familias escogen educación pública, el 29%, educación concertada, y el 15% restante, educación privada, y la Comunidad considera que es una obligación apoyarles a todos”.
En Madrid, en 14 de los 21 distritos hay más alumnos en la concertada
“En el curso recientemente finalizado, de los 21 distritos de la capital, en 14, los alumnos de la concertada eran más que los de la pública. Estos datos también sirven para desmontar los clichés de que la educación concertada es insolidaria y que segrega por motivos socioeconómicos”, indican desde el Gobierno regional. La manera que tiene la comunidad de velar por que la normativa sobre las cuotas efectivamente se cumpla es, según relatan, mediante el envío de instrucciones a los centros para ordenar la normativa y la supervisión de la Inspección Educativa.
Sin embargo, sucede. La realidad descrita por el Gobierno regional difiere diametralmente con la que viven familias como la de María. Su barrio, Guindalera, más humilde, está situado en el centro de la ciudad de Madrid pero forma parte de un distrito con una renta media por persona muy alta, el de Salamanca [24.683 € en 2017, según el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE]. En todo el distrito apenas hay 3 colegios públicos, frente a 13 centros concertados. En casa de María, que tiene 42 años y trabaja “en casas, ayudando”, la situación es complicada. Su marido está en el paro desde la pandemia.
María -cuyo nombre también es ficticio por temor a represalias por parte de la dirección del centro- tuvo que escolarizar a su hija, que acude a sexto de Primaria, en un concertado porque, directamente, no había plazas en el público. “Hay tortas por conseguirlo, y puedes estar esperando durante años”, suspira. “Es que no hay plazas, están llenos. Lo intenté solicitar durante años y no me dieron. Sé que es obligatorio que nos dieran plaza, pero ya desistí, porque no tenía sentido que me dieran un colegio en otro barrio o en una zona en la que yo no quiera llevar a mi hija”. Así, no le quedó otra que optar por la concertada, aunque, en su caso, las cuotas son relativamente bajas: 20 euros mensuales.