La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, ha advertido de que no invertir en educación y en investigación y desarrollo es "lo más caro que le puede costar a este país" en un momento de globalización económica como el actual.
En todas las comunidades, los rectores han leído un manifiesto conjunto donde aluden al esfuerzo llevado a cabo hasta la fecha para mantener, a pesar de los recortes, los estándares de calidad en la docencia, la investigación y la innovación.
La disminución en un 18 por ciento en educación superior y en un 80 por ciento en los gastos no financieros en I+D+i, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, llevará al país a la "pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento", ha indicado la presidenta de la CRUE.
Los rectores aseguran que los efectos del endeudamiento de las comunidades autónomas, junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a las universidades, están conduciendo al sistema universitario a "una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable". En este sentido, lamentan que esto se contradiga con el "discurso político" de que España debe basar su progreso en el conocimiento.
Por ello, reclaman que la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación sean consideradas "como una inversión y no como un gasto", y que las universidades españolas tengan una financiación pública "suficiente y sostenible".
Las universidades, por su parte, se comprometen a incrementar la eficacia y la eficiencia de las instituciones y manifiestan su voluntad de colaboración con las administraciones públicas para "ayudar a resolver este grave problema económico".
Tanto los estudiantes como los profesores sufren el descontento y la calidad de la enseñanza. Los alumnos centran sus quejas en la subida de las tasas universitarias, que han subido de media un 540 euros por alumno.
A esta tensión se le añade el comentario en una red social de la diputada del PP en Baleares, Ana María Aguilo, donde aseguraba textualmente que "los docentes podrán ser expusados si critican a la Administración en clase". los sindicatos aseguran que se trata de una amenaza a la libertad de cátedra.
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