La Policía Nacional ha detenido a 91 personas, entre ellas, un gestor con autorización Red, un ex funcionario del SEPE y 88 trabajadores, de los cuales 15 son extranjeros,  por defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social alrededor de un millón de euros. Por todo a ello, a los detenidos se les imputan 142 delitos de fraude y seis de falsedad documental.

Entre los arrestados están el responsable de una gestoría, que asesoraba a más de 200 empresas con autorización para dar altas y bajas en la Seguridad Social, y un ex funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que trabajaba para él, según ha comunciado el cuerpo policial.

El principal responsable de la trama daba altas ficticias a trabajadores, sin que muchas de las mercantiles tuvieran conocimiento de ello, para de esta forma facilitarles la obtención de prestaciones públicas ya sea por desempleo, subsidio, jubilación o maternidad y además, emitía contratos falsos a ciudadanos extranjeros para que regularizaran su situación en España.

La operación comenzó a finales del mes de enero, después de que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia detectara contrataciones y altas ficticias de trabajadores en una empresa.  Durante la investigación, realizada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social, se descubrieron la existencia de otras compañías ubicadas en Gandía en las que figuraba el mismo Autorizado Red (persona cualificada autorizada por la Seguridad Social para dar altas y bajas en el sistema informático de la Tesorería).

Estas compañías supuestamente facilitaban el cobro de prestaciones o subsidios a trabajadores ficticios y emitían contratos falsos para facilitar la regularización de ciudadanos extranjeros en nuestro país.  Los agentes descubrieron que 18 de las empresas no estaban relacionadas con el supuesto fraude, sino que eran meras víctimas, y era su gestor, quien había abusado de su confianza e incluido a trabajadores ficticios en ellas sin su conocimiento.

Además, averiguaron asimismo que un ex funcionario del SEPE trabajaba de forma irregular por las tardes en la asesoría investigada y colaboraba de forma activa en la actividad ilícita gracias a sus conocimientos en esta materia. Después de realizar diferentes gestiones se comprobó la existencia de varios delitos, concretamente, 142 fraudes en la obtención de prestaciones y seis delitos de falsedad documental.

En los ilícitos están implicados tanto los responsables de tramitar altas y bajas, como los empleados ficticios que se beneficiaban de las prestaciones económicas, así como cinco ciudadanos extranjeros que consiguieron la nacionalidad gracias a contratos falsos, informan las mismas fuentes.

La operación se ha llevado a cabo por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social -UDEF Central- de la Comisaría General de Policía Judicial, junto con agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Gandía, y con funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social de Valencia.