El fiscal, en su escrito de acusación, considera que el acusado es responsable en concepto de autor de un delito de apropiación indebida agravada, por el que le pide seis años de cárcel, y de otro de falsedad en documento mercantil, por el que suma un año más.

Además tanto a él, como a la entidad bancaria, en tanto responsable civil subsidiaria, se le pide que indemnicen a estas personas en la cantidad de 321.000 euros. Relata la fiscalía que el acusado con ánimo de lograr un beneficio económico ilícito y aprovechándose de su puesto de trabajo y de su relación de cercanía y amistad con las víctimas, analfabetas, de edad avanzada y sin experiencias financieras, les convenció para que realizaran un depósito en el banco con el dinero que tenían guardado en su casa, indicándoles que "podrían disponer del mismo cuando quisieran y que les generarían muchos intereses".

De esta forma, los perjudicados en octubre de 2009 realizaron un ingreso por importe de 500.000 euros y en noviembre del mismo año de 85.000; si bien, en su libreta constaban cuatro imposiciones con distintas fechas de vencimiento, la última en noviembre de 2013.

Los perjudicados dispusieron de las dos primera imposiciones -325.000 euros-, de las que liquidaron intereses correspondientes, pero en septiembre de 2011 cuando una de las víctimas quiso sacar el resto del dinero y fue informado de que no podía por no haber vencido las mismas, sin que hasta la fecha haya podido disponer del dinero.

Por su parte, el acusado con los fondos depositados y no recuperados por los perjudicados, sin su conocimiento ni consentimiento, adquirió dos paquetes de acciones para luego hacerse con cantidades de dinero procedentes de dichas operaciones, apropiándose de esta forma de más de 160.000 euros de las víctimas, y realizó por otro lado retiradas de dinero en efectivo por más de 20.000 euros de las cuentas corrientes y firmando como si fuera una de las víctimas.