El fiscal, en su escrito
de acusación, considera que el acusado es responsable en concepto de autor de
un delito de apropiación indebida agravada, por el que le pide seis años de
cárcel, y de otro de falsedad en documento mercantil, por el que suma un año
más.
Además tanto a él, como
a la entidad bancaria, en tanto responsable civil subsidiaria, se le pide que
indemnicen a estas personas en la cantidad de 321.000 euros. Relata la fiscalía
que el acusado con ánimo de lograr un beneficio económico ilícito y
aprovechándose de su puesto de trabajo y de su relación de cercanía y amistad
con las víctimas, analfabetas, de edad avanzada y sin experiencias financieras,
les convenció para que realizaran un depósito en el banco con el dinero que
tenían guardado en su casa, indicándoles que "podrían disponer del mismo
cuando quisieran y que les generarían muchos intereses".
De esta forma, los
perjudicados en octubre de 2009 realizaron un ingreso por importe de 500.000 euros
y en noviembre del mismo año de 85.000; si bien, en su libreta constaban cuatro
imposiciones con distintas fechas de vencimiento, la última en noviembre de
2013.
Los perjudicados
dispusieron de las dos primera imposiciones -325.000 euros-, de las que liquidaron
intereses correspondientes, pero en septiembre de 2011 cuando una de las
víctimas quiso sacar el resto del dinero y fue informado de que no podía por no
haber vencido las mismas, sin que hasta la fecha haya podido disponer del
dinero.
Por su parte, el acusado
con los fondos depositados y no recuperados por los perjudicados, sin su
conocimiento ni consentimiento, adquirió dos paquetes de acciones para luego
hacerse con cantidades de dinero procedentes de dichas operaciones,
apropiándose de esta forma de más de 160.000 euros de las víctimas, y realizó
por otro lado retiradas de dinero en efectivo por más de 20.000 euros de las
cuentas corrientes y firmando como si fuera una de las víctimas.