Según ha explicado la hija de Montse Pérez, Thais Franco, el problema comenzó cuando alquilaron a un ciudadano de 26 años con doble nacionalidad chilena y rusa el pequeño piso, un cuarto de casa, situado en el barrio de la Barceloneta.
El contrato de alquiler fue de 950 euros mensuales y en sus cláusulas se hacía constar que el inquilino no podía realquilarlo ni hacer un uso turístico.
Una vez firmado el contrato, cuando la propietaria intentó contactar con el inquilino para hacer el cambio de nombre de los suministros ya no lo localizó, por lo que acudió a la vivienda y comprobó que ésta estaba abierta y había sábanas encima de la cama.
Los vecinos le comentaron que del piso entraba y salía gente con maletas y que estaba siendo usado como piso turístico. Fue entonces cuando la familia descubrió que el piso aparecía anunciado en la plataforma de viviendas turísticas Airbnb al precio de 200 euros la noche.
Montse y su hija Thais descubrieron así lo que creen que es una posible organización que se dedica a alquilar pisos en Barcelona para después realquilarlos a turistas a través de la plataforma Airbnb, que no comprueba la titularidad de la vivienda, y obtener pingües beneficios.
Para que el inquilino no reconociera a la propietaria, la reserva la hizo su hija Thais Franco, quien, cuando acudió haciéndose pasar por turista, comprobó que quien le abría la puerta y le facilitaba las llaves era otra persona desconocida.
Montse Pérez y Thais han recuperado de esta manera su vivienda, y, aunque desconocen las consecuencias legales, han cambiado la cerradura del piso.
La propietaria del piso ha enviado un burofax al inquilino comunicándole la rescisión del contrato, pero éste no ha contestado.
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha requerido varias veces a la plataforma, a la que incluso ha multado con 600.000 euros, que colabore en detectar el fraude en el alquiler de pisos que no tienen licencia de turísticos.
Por su parte, la empresa Airbnb ha explicado que están "investigando este caso activamente" y hacen una petición para que todos los "anfitriones certifiquen que tienen permiso para anunciar su alojamiento". Asimismo señalan que deben comprobar y "seguir las leyes locales antes de subir un anuncio". "Estos incidentes aislados son raros y tomamos las acciones necesarias ante cualquier incidencia que llega ante nuestro conocimiento", sentencian.
