D.A.A. y M.R. han
sostenido ante el juez que los animales que aparecen muertos en las fotografías
realizadas por la Guardia Civil tras la denuncia interpuesta por el dueño de la
empresa no son los mismos que se ven en el vídeo ya que, según ellos, tendrían
hasta el doble de tamaño de los grabados.
El primer acusado ha
reconocido que el 7 de enero de 2016 saltó hasta en tres ocasiones entre los
lechones cuando se encontraban en el pasillo que daba a la sala de destete a la
que eran conducidos los animales, pero ha dicho que estos "se
apartaban" y que no era consciente de que podía provocarles lesiones con
su actitud.
"No aplasté
ninguno", ha asegurado D.A.A., quien además ha sostenido que "no se
mata fácilmente a estos animales" y que "para matar a un lechón por
aplastamiento tendrías que tirarte un día entero saltando sobre ellos",
aunque ha admitido que fue un "acto muy feo".
Asimismo, ha dicho que
entregó el móvil con el que se grabó su acción a M.R. sin que este supiera qué
iba a hacer porque fue una una "payasada de niños" -D.A.A. tenía 19
años cuando se produjeron los hechos- y que el otro acusado le "regañó
bastante" cuando dejó de grabar.
"No se hizo tanto,
no es lo que parece", ha defendido M.R., que como el otro acusado ha
incidido en que no fue sino hasta varios días después cuando fueron reclamados
por la dirección de la explotación por la muerte de los lechones.
"En ese momento no
hubo ningún animal muerto, se cargaron al remolque y se llevaron todos. Nadie
nos dijo nada, si llega a producirse alguna muerte, nos hubieran llamado la
atención", ha insistido.
También ha mantenido que
le dijo a D.A.A. que borrase el vídeo y que lo vio en Whatsapp sin saber que
este lo había difundido.
Las defensas de ambos
han argumentado por su parte que los 79 lechones fallecidos no son los mismos
que los del vídeo, sino que tendrían un peso y tamaño diferente y supuestamente
procederían de otros lotes porque, mantienen, a diario pueden morir en la empresa
entre 20 y 25 crías de cerdo.
Este argumento ha sido
negado por el dueño de la explotación porcina y por el veterinario que atendió
a los animales un día después de que fuera grabado el vídeo, aunque el
transportista que utilizaba el tractor ese día ha apuntado que no eran los
mismos porque los fotografiados son "más grandes".
Una vez concluida la
vista oral, han sido elevadas a definitivas las conclusiones de las diferentes
partes personadas en la causa, entre ellos el Ministerio Público, que ha solicitado
18 meses de cárcel por un delito de maltrato animal y un año más de prisión por
otro de lesiones para los acusados.