El Ministerio de Igualdad ha calculado que el derecho a una baja por menstruación incapacitante tendrá un coste adicional máximo de 23,8 millones de euros al año, cifra que parte de la base de que el 1% de las mujeres trabajadoras pueden encontrarse en esa situación y de que en la actualidad ya muchas se acogen a la baja por ese motivo.
La memoria que acompaña el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, donde se recogen estas bajas, desglosa el impacto económico de la norma: 104,4 millones de euros anuales para el conjunto de las administraciones públicas. La principal partida irá destinada a sufragar el permiso maternal preparto retribuido desde la semana 39 del embarazo -57,1 millones-, seguida de la partida para hacer frente a las incapacidades temporales por reglas dolorosas.
A partir de las cifras de población activa y con empleo, Igualdad apunta que unas 6 millones de mujeres trabajan en el rango de edad 16-50 años y estima que el 1 %, alrededor de 60.000, pueden sufrir esas reglas incapacitantes. Con un salario medio en 2021 de 21.682 euros anuales (60,2 euros al día), el coste estimado bruto de esa medida sería de casi 80 millones.
Pero Igualdad rebaja esa cifra basándose en un estudio del "British Medical Journal" que indica que, de media, las mujeres encuestadas cogen un día de baja al año por motivos menstruales y que ya hay costes muy significativos por ese motivo. Además, según ese estudio, el haber ido a trabajar con dolores importantes hizo decaer la productividad de estas mujeres en una media de nueve días al año, se destaca en la memoria.
"Teniendo en cuenta estos cálculos y los realizados por la Seguridad Social, el coste neto de la equiparación de este derecho ascendería a un máximo de 23,84 millones de euros anuales", se destaca en la memoria. Mientras, se estima que el coste de plasmar la incapacidad temporal por interrupciones voluntarias del embarazo ascendería anualmente a 7,8 millones de euros. El informe parte de la base de 3 días de baja, cuando en la actualidad las mujeres que abortan se cogen una baja de 1,5 días.
7,5 millones para garantizar el aborto en la pública
La memoria apunta a que garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos supondrá un coste adicional de 7,5 millones de euros, a los que habrá que añadir otros 7,8 millones para asegurar que se tiene acceso al aborto farmacológico con atención sanitaria especializada Recuerda Igualdad que desde 2010 la gestante ya no paga por someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, y que, aunque la inmensa mayoría se realiza en centros privados, se trata de un servicio concertado que sufraga la sanidad pública.
Los costes varían según cada centro acreditado y las características de la intervención, pero en promedio, según esta memoria, un aborto de hasta 12 semanas, con anestesia local y sin otro tipo de complicaciones puede costar alrededor de 350 euros incluyendo el preoperatorio.
El coste adicional de 7,5 millones tiene en cuenta que puede ser necesario articular nuevos servicios en la sanidad pública para dar una respuesta adecuada a las mujeres. La partida más pequeña, de 319.000 euros, va destinada a la asegurar la gratuidad de los métodos anticonceptivos en los centros sanitarios del sistema nacional de salud. Según se apunta en el informe, la anticoncepción de urgencia ya es gratuita si se dispensa en los centros de salud, pero se ha calculado esa cifra ante una hipótesis de incremento de la demanda de un 2,5 %.
