La Iglesia retrasa la firma del protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales y alega no tener "una fecha límite"

La Iglesia confía en cerrar "en una o dos semanas" los "flecos" que faltan para firmar con el Gobierno el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en su seno para las que ya no es posible la vía judicial bajo la supervisión del Defensor del Pueblo.

Así lo han señalado a 'EFE' fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que han hecho hincapié en que en la reunión mantenida este jueves entre el Ministerio de Justicia, la Iglesia, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo no se ha firmado el acuerdo porque no tienen "una fecha límite" para hacerlo.

"Está bastante cuadrado", pero "es un trabajo que hay que hacerlo bien" y faltan "algunos flecos" que tienen que cerrarse "bien a la primera. No estamos urgidos por nada, no tenemos fecha límite", han aseverado las fuentes consultadas. Desde el departamento que dirige Félix Bolaños han informado que están "ultimando los detalles del acuerdo".

El protocolo que están rematando es el resultado del acuerdo firmado el pasado mes de enero entre el Gobierno, la CEE y la Confer para crear una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.

Acuerdo "complementario" al 'Priva'

En 2024, la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario. Sin embargo, muchas de ellas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia y por ello se ha apostado por un sistema mixto Iglesia-Estado.

Las fuentes de la CEE consultadas inciden en que este proceso "es complementario al plan Priva, no alternativo" y eso "hay que dejarlo claro" en el protocolo; "una persona que ha ido al plan Priva, no puede ahora volver al plan del Gobierno, es una puerta de entrada nueva a un proceso ya creado", recalcan.

Este punto "está sin definir", aunque en el acuerdo firmado en enero "ya se dice que el procedimiento a seguir implica la relación con el Priva, que es quien finalmente recibe la propuesta del Defensor del Pueblo y la valora", recuerdan las mismas fuentes.

De esta forma, se quiere evitar que aquellas víctimas que ya han aceptado el dictamen del plan Priva —aunque no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida— puedan reclamar en segunda instancia ante el Defensor del Pueblo. Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Cómo será la "reparación"

Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora del plan Priva, que la evaluará y emitirá un informe.

Si hay conformidad de las partes (Priva y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será asumida por la Iglesia.

Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o del Priva, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad, corresponderá al Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

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