El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, calcula que desde el inicio de la guerra desatada en Ucrania hace un mes por la invasión rusa han llegado a España unos 80.000 refugiados de ese país.

En una entrevista que este domingo publica La Vanguardia, Escrivá puntualiza que los refugiados ya documentados y los que tienen cita previa para hacerlo suman unas 40.000 personas, pero que otros muchos están con familiares y amigos. "Cuantificar esto es complicadísimo, pero podríamos estar hablando de hasta 80.000", estima el ministro.

José Luis Escrivá señala que aún no se sabe cuántos refugiados se instalarán en España y explica que "todo dependerá de la evolución de la guerra, de su duración y de la decisión de muchos ucranianos de quedarse en zonas cercanas a su país por si pueden volver".

Los refugiados se concentran sobre todo en Cataluña, Madrid, Valencia y la provincia de Málaga, zonas donde ya había una importante colonia ucraniana, y todos, según el ministro, tienen derecho a alojamiento, manutención, sanidad y educación. Las administraciones local y autonómica que tengan sobrecoste por ese hecho, subraya, recibirán financiación extra procedente de los fondos europeos.

De los refugiados llegados, según los datos del ministro, el 40% son niños y el 60%, adultos. De ellos, un 75% son mujeres. Más de la mitad tiene estudios superiores aunque es posible que ese porcentaje varíe porque ese colectivo corresponde a los que tienen más recursos y les era más fácil salir del país.

"Debemos tener empatía con Marruecos"

Respecto al giro de España sobre el Sahara y Marruecos, Escrivá afirma que el Gobierno "lleva muchos meses trabajando" de forma "discreta y era cuestión de tiempo que se restablecieran plenamente las relaciones, pero lógicamente son cuestiones que exigen total discreción, aunque ya se vislumbraba una cierta normalización".

"Por ejemplo -agrega el ministro-, hace algunas semanas que había bajado la llegada de migrantes a Canarias". "Debemos tener empatía con Marruecos, que está junto a países que le provocan una gran presión migratoria, y hay que valorar su comportamiento. Yo siempre intento pensar qué ocurriría en Canarias, o en Ceuta y Melilla, si Marruecos no tuviera la actitud y los recursos desplegados para que esto sea así", argumenta.

Escrivá rechaza que haya "colapso económico" tras el escenario abierto por la crisis de Ucrania pero sí incide en que "la guerra y sus efectos en la energía crean una perturbación que puede afectar a algunos sectores".

Destaca el ministro que el trabajo hecho para la reunión del Consejo Europeo y la preparación de las medidas que se aprobarán el martes demuestran que el ejecutivo ha dado "una respuesta rápida, como también fue muy rápida la respuesta que dimos a la perturbación causada por la pandemia".

Escrivá informa de que en la última semana han visto "síntomas de desaceleración en algunos sectores, pero aún es pronto" para determinar su importancia. "Tampoco es un cambio muy marcado -continúa-, pero se nota menos pujanza en ciertos sectores como construcción, manufacturas o actividades administrativas y, en menor medida, transportes".

A pesar de la constante escalada de la inflación y de las pensiones indexadas al IPC, el ministro niega que corra riesgo el sistema. "No, en ningún caso", asevera antes de explicar que "cuando se habla de sostenibilidad de las pensiones, estamos hablando de hacer evaluaciones al 2050, por ello es importante no ceñirse a momentos puntuales".

Respecto al ingreso mínimo vital que tramitó su departamento, Escrivá dice que en torno a 1,1 millones de personas se han beneficiado del mismo aunque inicialmente se preveía que fueran dos millones. Atribuye este hecho a que "no lo está solicitando tanta gente como pensábamos, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo por llegar al máximo posible de personas en situación de vulnerabilidad" y a que "quizá pueda influir que los cálculos iniciales pudieran estar sesgados por la economía sumergida". Respecto a ese ingreso, Escrivá explica que se está trabajando con la Generalitat, no para un traspaso, sino para establecer una ventanilla única donde solicitarlo.