La Policía Nacional ha desmantelado en Valencia una red delictiva relacionada con la venta de cadáveres. El grupo falsificaba documentos para retirar los cuerpos de hospitales y residencias, con el propósito de venderlos a universidades por 1.200 euros cada uno para fines de estudio. Llegaron a cobrar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no estaban registradas en las facturas de ninguna de las incineradoras de la ciudad.

La investigación se inició a principios de 2023 después de que se detectara la retirada irregular de un cadáver de un hospital por parte de una funeraria. Esta acción involucró la falsificación de registros y documentación presentada al Registro Civil, según informa la Policía.

Tras una extensa investigación, se descubrió que dos empleados de una funeraria, mediante la falsificación de documentos, habían adquirido un cuerpo de la morgue del hospital y lo habían enviado a una universidad para su estudio en lugar de enterrarlo como correspondía. Este individuo, que debía ser enterrado en su localidad con un servicio subsidiado por el ayuntamiento, fue vendido por cerca de 1.200 euros sin el consentimiento de ningún familiar o conocido.

Los sospechosos buscaban personas fallecidas sin familiares, de preferencia extranjeras o con condiciones de vida precarias, para cometer estas irregularidades y evitar la detección por parte de familiares, lo que les proporcionaba impunidad.

Además, se descubrió que se realizaba un fraude en las incineraciones de los cuerpos donados a la ciencia. Las universidades, después de finalizar los estudios, debían costear las incineraciones, pero la funeraria realizaba una sola incineración para varios cuerpos, facturándolas a la universidad sin reflejarlas en las facturas de las incineradoras locales.

Los investigados también se aprovechaban de la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los ataúdes de otros difuntos, cremándolos todos juntos en una sola incineración. Esta práctica les permitía obtener ganancias considerables al evitar los costos de las incineraciones.

Como resultado de estas actividades ilícitas, la Policía Nacional detuvo a los responsables de la funeraria y a dos de sus empleados, acusados de estafa y falsificación documental.

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