Se les cobrara entre 300 y 400 euros
Cuatro detenidos por empadronar de forma ilegal a más de 400 migrantes en Seseña, Toledo
Los detalles Los agentes de la Guardia Civil detectaron un incremento desproporcionado e inusual de solicitudes de empadronamiento en Seseña (Toledo) y que en algunos domicilios figuraban empadronadas hasta 91 personas.
Resumen IA supervisado
La Guardia Civil ha detenido a cuatro integrantes de una red criminal acusada de realizar más de 400 empadronamientos irregulares en Seseña, Toledo. Estos individuos cobraban entre 300 y 400 euros a ciudadanos extranjeros en situación irregular, principalmente de Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto, para regularizar su situación administrativa en España. La investigación reveló un aumento inusual de solicitudes de empadronamiento, con hasta 91 personas registradas en un solo domicilio. La red utilizaba documentos falsificados y contratos de arrendamiento fraudulentos para obtener los empadronamientos. Las autoridades han recopilado múltiples denuncias de las víctimas.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas de una red criminal a los que se acusa de haber realizado más de 400 empadronamientos irregulares en Seseña (Toledo) para regularizar la situación administrativa de estas personas en España, a quienes se les cobrara entre 300 y 400 euros.
En un comunicado de prensa, el Instituto Armado ha indicado que los agentes de la Guardia Civil detectaron un incremento desproporcionado e inusual de solicitudes de empadronamiento en Seseña (Toledo) y que en algunos domicilios figuraban empadronadas hasta 91 personas.
Tras realizar un análisis pormenorizado de los expedientes de empadronamiento tramitados, la Guardia Civil comprobó que numerosas solicitudes habían sido efectuadas de forma reiterativa por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento en los que existían evidentes indicios de falsedad documental.
La investigación pudo determinar la existencia de una estructura organizada dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular de diferentes nacionalidades, principalmente Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto. Cobraban entre 300 y 400 euros a cada persona por regularizar su situación administrativa en España.
Los principales métodos utilizados consistían en la falsificación de documentos y en la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas, con el objetivo de obtener empadronamientos irregulares. Los investigadores han podido recopilar múltiples denuncias y manifestaciones de víctimas y han calculado han podido llegar a 400 personas afectadas.