Lucía, una niña argentina, estará marcada para siempre por la tragedia que con sólo 11 años se vio obligada a soportar. Después de que su abuelastro la violara y se quedara embrazada, fue obligada a dar a luz por cesárea.
Tras sentir un fuerte dolor abdominal, los familiares de la niña, que vive en la provincia argentina de Tucumán, la llevaron al médico y allí los análisis revelaron que estaba embarazada.
Desde un primer momento, la menor manifestó su deseo de abortar. "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", aseguró, según consta en el historial médico. Sin embargo, no le permitieron interrumpir el embarazo.
Las autoridades, en un primer momento, quisieron que la gestación se llevara a término a pesar de que el aborto en Argentina está permitido para casos de violación o de peligro para la salud y en esta ocasión ambos requisitos se cumplían.
Finalmente, a las 24 semanas practicaron una cesárea a Lucía y el bebé acabó muriendo semanas después. "Fue obligada a parir. Además de ser víctima de violación e intentar suicidarse dos veces, su salud corría peligro", declaró la abogada tucumana de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, Soledad Deza.
Ahora, casi un año después de lo ocurrido, la Justicia argentina se ha pronunciado en un juicio abreviado y ha condenado a 18 años de prisión al agresor sexual por un delito de "abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia".
La madre de la niña, según han informado Abogados y abogadas del noroeste argentino, pidió para el violador la máxima pena: "Causó un daño tremendo, le arruinó la vida y dejó marcada a mi hija y a toda mi familia".
"No hay pena que pueda borrar el daño que sufrió Lucía, pero entendemos que el juicio, con una condena que roza la máxima tipificada, es la mejor opción para proteger a la niña, que no deberá pasar por un proceso que puede ser revictimizante y estigmatizante en un momento en el que está logrando rearmar su vida y sus vínculos. También muestra que había pruebas irrefutables y contundentes de la culpabilidad del acusado", han indicado desde la red feminista Cladem.
El violador, que continúa en prisión provisional, se ha declarado culpable por los hechos, pero no ha pedido perdón.