El abogado de la familia de Gabriel Cruz, el letrado Francisco Torres, ha pedido al jurado popular que
enjuicia a Ana Julia Quezada por la muerte violenta del menor de ocho años que
"no le tiemble el pulso" a la hora de conformar su veredicto, ya que
la encausada "es una sociópata auténtica" que "no tiene el mismo
derecho a respirar el mismo aire que respiramos nosotros".
"Hay que apartarla
de la sociedad", ha manifestado el letrado en su alegato final, en el que ha insistido en que la acusada actuó con premeditación, alevosía y ensañamiento a la hora de arrebatar al niño, por lo que pide para ella la prisión permanente revisable.
"Va a matar a más
niños, estoy convencido de que no es Gabriel el primer niño que mata", ha
añadido. Para la representación de los padres, Quezada es una
"auténtica asesina" que "mató haciendo sufrir al niño",
según ha defendido a diferencia de lo que sostiene la Fiscalía, que en base a
los informes forenses no aprecia ensañamiento.
Torres ha incidido en el
informe aportado por los médicos especialistas y se ha centrado en los hematomas que presentaba el cadáver, especialmente detrás de la oreja que,
según ha sostenido, fue propiciado con el hacha que se empleó en el crimen.
Según Torres, las
lesiones encontradas en el cuerpo irían más allá de las propias derivadas de la
muerte por asfixia mecánica del menor, ya que dieron lugar a una serie de
heridas que provocaron un estado comatoso en el menor antes de que fuera
asesinado, según ha insistido antes de reiterar que Quezada tuvo tiempo en la
finca para "fregar y requetefregar" la estancia, en la que se halló
una gota de sangre en el marco de la puerta así como un perfil genético en el
interruptor.
El letrado ha afeado las
críticas realizadas por la fiscal al no ver, a tenor de las pruebas, la
existencia de "ensañamiento" aunque "en su informe final indica
que el niño sufrió", según ha manifestado antes de recordar que, según el
Ministerio Público los hechos se sucedieron "de 10 a 20 minutos".
"Nos parece grave
que el Ministerio Fiscal pretenda sacar los colores a esta acusación cuando
estamos más interesados que nadie en determinar los hechos", ha replicado.
"Desconocemos si el móvil es solo económico, o si es odio absoluto a la
madre del niño o si es que le estorbaba", ha añadido el letrado, quien ha
mantenido su versión, a partir del informe médico, sobre una agresión
prolongada sobre el menor antes de que falleciera por asfixia.
"Hemos tenido que
soportar que esto ha sido un accidente, y cuando eso pasa uno reclama
ayuda", ha reiterado antes de afear que la acusada indicara que fumara o
pintara en la finca de Rodalquilar durante las tres horas y 19 minutos que
permaneció en el lugar de los hechos.
En un duro relato de los
hechos, el letrado de la acusación particular ha insistido en el que la acusada
se negó a contestar en instrucción a los motivos por los que después de dar
muerte al menor desnudó su cuerpo y le seccionó un brazo con el hacha a la
altura de la muñeca; una acción que, según el abogado, estaba encaminada a deshacerse
del cuerpo, ya que el mismo fue enterrado de forma "temporal" en la
misma finca, junto a la alberca, a muy poca profundidad.
Sobre esa misma
herramienta, ha recordado tanto el tío de Gabriel, como su padre y la abuela
del menor no reconocieron que el hacha se encontrara en la finca con
anterioridad, lo que ha empleado como un elemento más para concretar la
premeditación con la que supuestamente actuó.
Igualmente, ha afirmado
que a lo largo del juicio se ha acreditado la comisión de dos delitos contra la
integridad moral a partir del comportamiento que posteriormente mantuvo la
acusada durante la búsqueda del menor desde el 27 de febrero de 2018 en Las
Hortichuelas, participando en las exploraciones y indicando a sus padres que el
niño iba a aparecer.
Para el abogado,
"el testimonio de Patricia cala hondo" a la hora de probar la
comisión de los delitos contra la integridad moral, que junto con los de
lesiones psíquicas, suponen una petición adicional de 12 años de prisión por
parte de la acusación particular.
"Desconocemos el
motivo por el que el fiscal no acusa de un delito contra la integridad
moral", ha recalcado Torres, quien ha apuntado el fallo dictado por el
Tribunal Supremo en el caso de Marta del Castillo al respecto.
"Esa humillación se
ha producido y por eso interesamos el delito", ha añadido tras recordar la
actitud de la acusada durante la búsqueda del menor, después de que dejara una
camiseta en Las Negras para "ladear" la investigación hacia su
exmarido, quien habitaba en la zona.
Según el abogado de la
familia, la madre del menor sufre un daño "irreversible" e
"irrecuperable", lo que la lleva a día de hoy a tomar "fármacos
potentes" para "poder aguantar" la situación. Frente a esto, ha
calificado de "cuarta dimensión" que la defensa alegue en sus
conclusiones definitivas que Quezada actuara bajo la "influencia de
drogas", cuando es un hecho que, según ha indicado, no ha sido probado.
Torres, quien ha
interrumpido su informe final ante los sollozos de la acusada, a quien la
magistrada-presidenta, Alejandra Dodero, le ha pedido que se calmase, ha
insistido en un perfil "perverso" y "ruin" de la acusada, a
quien, según ha desvelado, el Ministerio del Interior le ha "prohibido hacer
un programa de televisión desde la cárcel".
Así, se ha afanado en
relatar el pasado de la acusada y sus comportamientos con sus cuatro parejas,
así como la prácticamente nula relación que mantiene con su hija, que declaró
contra ella durante el juicio.