La vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se ampliará el servicio 016. A partir del primer semestre de 2020, el 016 facilitará información y asesoramiento jurídico sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa.

La ampliación del 016 incluye también la incorporación de otros canales de acceso al servicio: redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Por otro lado, el Gobierno trasladó a las comunidades que se firmará una instrucción conjunta sobre el funcionamiento de las Unidades de coordinación y violencia sobre la mujer de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y direcciones insulares, con el objetivo de obtener y facilitar datos estadísticos sobre todas las formas de violencia contra las mujeres.

La recogida de datos se realizará a través de una herramienta específica que incluirá también los casos de mujeres heridas graves por violencia de género.

Además, la Conferencia Sectorial aprobó la creación de un grupo de trabajo sobre trata con fines de explotación sexual, con el objetivo de identificar y recoger recomendaciones de propuestas para la elaboración de una Ley Orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra este delito.

Y se elaborará, a través de otro grupo de trabajo, una propuesta de pautas de actuación para los puntos de encuentro familiar en casos de violencia de género, atendiendo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y con el fin de mejorar la coordinación y colaboración entre las distintas administraciones.

Por último, el orden del día también se incluyó información sobre la firma, el pasado 24 de septiembre, de acuerdos de colaboración entre la Agencia Española de Protección de Datos y distintos ministerios y organismos públicos para la protección de la difusión ilícita de datos personales e imágenes sensibles a través de internet.

De ese modo, las comunidades autónomas conocieron el convenio firmado con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad dirigido a prevenir y sensibilizar frente a la violencia contra las mujeres y la protección de sus datos personales.

Este contempla el ejercicio del derecho de supresión, una medida incluida en el Pacto de Estado, que posibilita la eliminación de ficheros digitales que permitan llevar a cabo un seguimiento y paradero de una persona a partir de la introducción en motores de búsqueda digital de sus datos personales.