Panamá ha registrado la sede central del bufete panameño Mossack Fonseca con el objetivo de "obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas", añadió.

El fiscal Javier Caraballo, titular de la nueva Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada cuya creación fue anunciada por el Ministerio Público, fue el encargado de la diligencia. Caraballo tiene "la facultad legal para realizar las investigaciones de oficio, denuncias y/o querellas relativas a los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, entre otros", de acuerdo con la información oficial.

La diligencia de este martes, la primera de este tipo que hace la Fiscalía en el marco de la investigación por los papeles de Panamá, se realizó con el apoyo de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal, la sección de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.

Al inicio del procedimiento, uno de los abogados de la firma, Elías Solano, se limitó a comentar fuera de las oficinas del bufete que la diligencia se trataba de una "inspección ocular", y negó que fuera un allanamiento. Por su parte, una fuente judicial dijo que "se presume que la firma no está colaborando con el fiscal en la inspección ocular (...) están dilatando" el proceso.

El pasado 3 de abril, cuando comenzó la publicación en medios internacionales de miles de documentos de Mossack Fonseca, la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció el inicio de una investigación para determinar si en territorio panameño se cometió algún hecho punible en relación con el escándalo.

La filtración masiva de documentos de Mossack Fonseca, proveedor de miles de empresas "offshore" (con ventajas fiscales) a personalidades de todo el mundo, lo que ha levantado sospechas sobre evasión de impuestos o lavado de activos, ha golpeado la reputación de Panamá, que a raíz del escándalo ha sido reinscrita por Francia en su lista de paraísos fiscales.