El letrado que defiende al marido de la infanta Cristina, Mario Pascual Vives, solicita a la Audiencia de Palma que le exonere de las veinticuatro imputaciones por ocho delitos diferentes que le atribuyó Castro en el auto con el que cerró la instrucción el 25 de junio.

En un escrito de dieciséis páginas que registró el pasado miércoles en los juzgados de Palma, del que ha dado traslado este viernes Castro a las partes, el abogado de Urdangarin sostiene que de la investigación no se han derivado indicios suficientes para acusar al cuñado del Rey de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa, falsificación y delito fiscal.

Solo "entiende y reconoce" que en 2007 y 2008 Urdangarin pudo cometer "irregularidades" fiscales que deberían ser resueltas por vía administrativa, "nunca penal, por no rebasar las correspondientes cuotas, en ningún caso, el umbral de los 120.000 euros por tributo y año".

Pascual Vives, que se queja en su recurso de la vulneración del derecho a la defensa porque no ha dispuesto con tiempo suficiente de los resultados de las investigaciones sobre su cliente, critica la falta de precisión en la incorporación de citas y documentos por parte del juez Castro en su auto de pase a procedimiento abreviado. Para el letrado, el magistrado ha realizado una "instrucción prospectiva" que ha ido ampliando su objeto original, los contratos del Instituto Nóos con la administración balear, para extenderse a otras actividades del duque de Palma en diversas regiones españolas.

La defensa rebate al juez que el parentesco de Urdangarin con la familia real sea lo único que justifica que obtuviera contratos con administraciones públicas, sin considerar en absoluto su brillante carrera deportiva ni su formación académica. Asimismo, presenta a su cliente como objeto de "juicios paralelos" y "precondenas gratuitas" por parte de los medios de comunicación y de "sectores determinados de la ciudadanía", prejuicios que rebatirá con pruebas en el juicio, anuncia.

Pascual Vives dedica buena parte de su recurso a argumentar que los convenios que suscribió el Instituto Nóos con organismos empresas y fundaciones de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana y Baleares se atuvieron a la legislación vigente y que los ingresos que obtuvo Urdangarin por ellos están debidamente justificados