El Pleno del Tribunal Constitucional ha deliberado el recurso interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Tras el debate, el Pleno ha decidido que se elabore una nueva ponencia conforme al criterio de la mayoría de desestimar íntegramente el recurso de inconstitucionalidad. La nueva ponencia será llevada a un Pleno en las próximas semanas, por el mismo ponente, Ricardo Enríquez.
El debate del Constitucional se centraba, principalmente, en dos puntos de la nombrada norma. En concreto, los que plantean que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado".
El primero era el que suscitaba más discrepancias en el seno del Constitucional, ya que la segunda tacha realizada por Enríquez se debía a que no se tiene suficientemente en cuenta la opinión de los padres sobre si prefieren que sus hijos acudan a centros de educación especial para menores con discapacidad.
Se temía que esas dos salvedades pudieran propiciar un cambio de ponente -como ocurrió con el recurso del PP contra la ley del aborto de 2010-, si bien en este caso quedó descartado porque Enríquez estba dispuesto a ajustar el borrador a las apreciaciones de sus compañeros, que mayoritariamente apostaban por validar totalmente la 'ley Celaá'.