El presidente Pedro Sánchez ha señalado que el Gobierno se encuentra a la espera de que "el Supremo emita su informe preceptivo" sobre la situación de los presos independentistas para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, tramite su posición. No obstante, ha destacado que la decisión que tome "tendrá los valores y principios constitucionales de diálogo, concordia y la superación de un crisis que desgarró a la sociedad catalana".
Así se ha expresado el líder socialista en una rueda de prensa posterior al Consejo Europeo celebrado en Bruselas, donde ha matizado además que "la venganza y la revancha no son principios constitucionales". "No podemos quedarnos atrapados en la venganza", ha insistido Sánchez, que si bien ha reconocido que en 2017 apoyó al Gobierno porque entendió "que era una cuestión de Estado", cree que ahora hay que "mirar hacia el futuro".
"Lo más importante para mí es que pese a que hay partidos, personas que defienden otras tesis, creo que en los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza, y sí la concordia, el entendimiento, el diálogo, el respeto a las leyes, la Constitución y la legalidad, donde siempre se ha movido el Gobierno de España", ha manifestado el presidente del Gobierno, que también ha anunciado que cuando se produzca el encuentro con Pere Aragonès, nuevo president de la Generalitat, se "retomará la mesa de diálogo".
No obstante, ha precisado: "Igual que debe haber diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, ese diálogo también lo tienen que practicar en sus propias sedes, entre las fuerzas políticas catalanas, porque hay una mayoría de catalanes que no comparten la deriva independentista". A preguntas de los periodistas, Sánchez ha evitado nuevamente responder si el Gobierno concederá indultos a los presos del procés hasta que no se pronuncie la Justicia.
Vamos a analizar cada una de las peticiones. Hay 11 expedientes distintos y cada cual tiene su realidad y circunstancias"
"Lo que hay que hacer es mirar al futuro, los políticos debemos superar fracturas y generar confianza. Vamos a esperar a la decisión del Supremo", ha reiterado Sánchez, recordando que hay "11 expedientes distintos", con sus respectivas realidades y circunstancias: "Vamos a analizar cada una de ellas". Una posición que ha secundado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reseñando que el Gobierno tiene previsto estudiar una por una cada una de las peticiones cuando el Supremo informe sobre ellas.
Ante las críticas proferidas por el Partido Popular por la posibilidad de que se concedan dichos indultos, Campo ha sido tajante a la hora de reclamar que se respeten los protocolos jurídicos establecidos para estos casos. Así, ha acusado a la formación popular de no respetar las leyes, aclarando "que la ley del indulto tiene un procedimiento claro". En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo "da la cara después de cumplir procedimientos, y que las críticas "no sustituirán el respeto y cumplimiento de las leyes".
En la misma línea que Sánchez y Campo se ha referido a esta cuestión la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que "el Gobierno siempre va a velar por el interés general", Al ser preguntada si el Ejecutivo está dispuesto a asumir el coste político que puede suponer indultar a los condenados del procés, Montero ha asegurado que el Gobierno se moverá con "transparencia", argumentando su decisión y "en aplicación estricta de la legalidad vigente".
Los plazos del Supremo y la decisión del Gobierno
Horas antes de las declaraciones de Sánchez, fuentes del Gobierno revelaron a laSexta que tienen el propósito de solventar esta cuestión antes del verano. Asimismo, aseguran que la decisión aún no está tomada y que no se va a efectuar de forma inminente, aunque estas mismas fuentes apuntan a que en el Ejecutivo está muy asumido que se van a conceder con el propósito de recuperar la normalidad con Cataluña.
De momento, el tribunal del juicio del procés continua estudiando la petición de indultos para los condenados, que ya inició la semana pasada. En principio la decisión se espera para finales de esta semana, pero podría alargarse, puesto que los plazos en el Supremo siempre son difíciles de calcular.
En caso de que el Gobierno conceda los indultos a pesar del informe que pueda esgrimir el Supremo en contra, el PP podría recurrirlos a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que examina todas las decisiones de la administración. Se podría crear así un conflicto entre la sala Penal, que informa sobre los indultos, y la Contencioso-Administrativa, que tendría que examinar su legalidad una vez concedidos.