El 'no' de Junts ha frustrado este martes la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Las diferencias entre el PSOE y la formación independentista sobre el alcance del texto finalmente han llevado a los siete diputados de Junts a votar a favor del dictamen de la ponencia de la ley, pero en contra de la norma, con lo que esta no ha salido adelante.
Después de que el PSOE rechazara las enmiendas clave de Junts para amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados con el 'procés', la ley solo ha recibido el apoyo de 171 diputados, mientras que el partido de Carles Puigdemont se ha unido al voto en contra de PP, Vox, CC y UPN, que ha sumado así 179 votos.
Entonces, ¿qué pasa ahora? La consecuencia directa del rechazo de la Cámara Baja a la ley es que se retrasa su tramitación. Así, el texto vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios. Se tramitará de manera urgente, lo que supone que el PSOE y los independentistas tienen por delante un plazo de un mes como máximo para alcanzar un texto de consenso.
Antes de la votación de la ley en sí, el Congreso ha votado el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de ley, que ha obtenido 177 votos a favor y 172 en contra. De no haber sido aprobado el dictamen, la ley hubiese decaído y su tramitación en la Cámara hubiera llegado a su fin.
Desacuerdo sobre las enmiendas
El texto de la ley de amnistía que se elevó este martes al Pleno difiere del que registró el PSOE inicialmente, tras incorporarse dos enmiendas pactadas por los socialistas con Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y Podemos sobre la entrada en vigor de la norma, que se aplicará por "el órgano judicial que esté conociendo" y "acordará el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares de naturaleza personal o real que hubieran sido adoptadas".
En lo relativo al terrorismo, la proposición de ley excluye a las personas que "de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos", en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario.
Precisamente, las formaciones independentistas querían ampliar la aplicación de la ley para encausados por terrorismo ante el "temor", según fuentes parlamentarias, a ciertas "lagunas" de la norma tras algunas actuaciones judiciales . Este es precisamente el escollo que ha frustrado la aprobación del texto de la ley en el Congreso.