YA FUE CONDENADO POR ABUSOS A MENORES

YA FUE CONDENADO POR ABUSOS A MENORES

Procesan a un exconcejal del PP por violar a dos presos cuando trabajaba en una ONG

Está acusado de utilizar su puesto en una ONG para obligar a dos reclusos a mantener relaciones sexuales con él, amenazándoles con que no volverían a tener permisos penitenciarios si no lo hacían.

laSexta.com
  Madrid | 13/05/2019

Un juez de Madrid ha procesado al exconcejal del PP de Palma de Mallorca Javier Rodrigo de Santos por siete violaciones a un preso y dos delitos más de agresión sexual contra otro reo cuando trabajaba en una ONG con reclusos en semilibertad, según informa 'eldiario.es'.

Según dicho medio, el magistrado considera que hay indicios suficientes de que Santos utilizó su posición en la Fundación Horizontes Abiertos para abusar de ambos hombres, amenazándoles con emitir informes desfavorables sobre ellos que les impedirían volver a salir de permiso si no mantenían relaciones sexuales con él.

El auto del juez recoge, según 'eldiario.es', que el exedil balear obligó a uno de los reclusos "en siete ocasiones" a mantener relaciones con él "consistentes en todos los casos en la realización de felaciones a dicho interno, obligándole a continuación a que éste le realizara penetraciones anales, usando preservativo".

En cuanto a la segunda víctima, le habría realizado tocamientos, también bajo amenaza de "realizar informes negativos" sobre él que le impedirían disfrutar de permisos penitenciarios y visitar a su hijo menor de edad.

Javier Rodrigo de Santos ya fue condenado en el pasado por abusos sexuales a menores, aunque el Tribunal Supremo le rebajó la pena de 13 años y medio de prisión a cinco años. Tras salir de prisión, se incorporó a la citada ONG primero como voluntario y, más tarde, como responsable de uno de sus programas con presos.

Anteriormente, había sido condenado por haber gastado 51.377 euros de dinero público en prostíbulos y cocaína cuando estaba en el Ayuntamiento de Palma.

Según 'eldiario.es' en el auto, que es recurrible, el juez ahora le ha impuesto una fianza de 44.000 como indemnización a sus víctimas, y mantiene la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado y la prohibición de salir del país.

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