La presidenta del Tribunal Supremo tilda de "impropias de un estado de Derecho" las "descalificaciones" contra el Poder Judicial

Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha cargado en su discurso de apertura del curso contra la "desacreditación" que sufren algunos jueces y juezas y afirma que esas descalificaciones "son impropias de un estado de derecho avanzado".

"Son aceptables el desacuerdo y la crítica, siendo ambos legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resulten abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional", ha expresado.

Y hace hincapié en ello: "En un estado de Derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa, y es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes. Los posibles errores son corregidos en el seno del propio proceso judicial, que es sumamente garantista".

"La confianza y la credibilidad en la justicia son un bien que ha de ser preservado, porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro estado de Derecho. A esta tarea están llamados los demás poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias", prosigue Perelló.

"Descalificaciones impropias de un estado de Derecho"

La presidenta del Tribunal Supremo ha lanzado un mensaje contundente: "Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces".

"Esas descalificaciones son impropias de un estado de Derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes sino también del respeto mutuo. En definitiva, la lealtad institucional. Son aceptables el desacuerdo y la crítica, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial atribuyendo al mismo intenciones u objetivos que son contrarios a los principios que deben presidir su actuación", ha dicho Perelló.

Pide "diálogo institucional" para las reformas

Ha hablado, además, de la reforma judicial: "Los jueces no somos inmovilistas y reclamamos reformas y mejoras. Pero deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia, y no pueden darse pasos sin que signifiquen un retroceso en esos dos elementos esenciales. Existen reformas en tramitación que afectan a la carrera judicial y que generan legítima preocupación de la judicatura".

"Corresponde al legislador aprobar estas reformas, pero deben elaborarse con diálogo institucional y con la participación del Consejo General del Poder Judicial, que ha de aportar la experiencia y el conocimiento para mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional", insiste.

En ese sentido, concluye sobre las "dilaciones" en los procesos judiciales: "Son inaceptables en una sociedad democrática avanzada. Una justicia tardía no es una justicia efectiva. Es urgente poner en marcha medidas que terminen con este problema".

García Ortiz: "Creo en la justicia"

Su discurso ha sido más aplaudido que el Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, aunque también ha habido mucho silencio tras su intervención. Ortiz, en sus palabras, ha defendido que cree "en la justicia y en las instituciones que la conforman" y admite ser "consciente de las singulares circunstancias" de su intervención por su situación procesal.

"Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", ha defendido García Ortiz.