nueve años de inhabilitación
Sin opción a empleos públicos y un golpe a su reputación: las consecuencias para David Sánchez tras la condena
Sí, pero La condena todavía no es efectiva, puesto que no es firme. De hecho, laSexta ha podido saber que será recurrida por el hermano del presidente del Gobierno.
Resumen IA supervisado
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación de empleo público por prevaricación. Aunque la pena aún no es efectiva, ya que será recurrida, implica que no puede optar a empleos o cargos públicos, afectando su posible empleo en conservatorios públicos, la Orquesta Nacional o el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Tampoco puede ser elegido para cargos públicos ni presentarse a elecciones, aunque sí votar. La inhabilitación es solo para España, permitiéndole trabajar en el extranjero o en el sector privado, aunque su reputación podría verse afectada.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado este martes al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación de empleo público por un delito de prevaricación. Si bien la pena no es efectiva todavía, puesto que David Sánchez la recurrirá, cabe preguntarse qué supone, exactamente.
En concreto, el hermano de Pedro Sánchez no puede optar a un empleo o cargo público, o lo que es lo mismo, a un trabajo al servicio de una administración, ministerio, comunidad autónoma o ayuntamiento.
De esta manera, al ser músico, David Sánchez estaría fuera de conservatorios públicos, la Orquesta Nacional o el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
En definitiva, centros artísticos que dependan directamente de la administración pública, así como cualquier trabajo de técnico o gestor cultural contratado en estos términos.
Además, tampoco podría durante ese tiempo ser elegido para cargos públicos o presentarse a unas elecciones. Es decir, se queda sin el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, quedándose sin poder ser candidato, aunque sí votar en unos comicios.
Ahora bien, la inhabilitación es para España, por lo que si una administración extranjera le quisiera contratar, aplicaría su propio derecho y sus requisitos de acceso. Si esos requisitos exigen declarar condenas o inhabilitaciones, no podría, aunque sí de no hacerlo.
Asimismo, la condena no influye en el sector privado, como podría ser un conservatorio privado o una fundación también privada. En estos casos, sí que podría ser contratado.
Aunque lo cierto es que una condena por un delito relacionado con el ejercicio de funciones públicas puede afectar la reputación del candidato, sobre todo si son puestos directivos.