Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización que, presuntamente, pretendía ejecutar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) durante la crisis de coronavirusen las cerca de 50 empresas ficticias que habían estado creando durante años en la ciudad de Murcia.
La Policía Nacional ha concretado que la presunta intención de los arrestados era la de aprovechar las posibles ventajas fiscales, ayudas, y cobros de subsidios a través de ERTEs aplicados directamente sobre su red de empresas ficticias.
Los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental se anticiparon a la organización e impidieron a tiempo que se lucraran económicamente aprovechando la pandemia causada por el COVID-19.
La investigación policial comenzó el pasado mes de julio, cuando la Policía comenzó a seguir la pista de una oficina, con apariencia de gestoría, que podría estar dedicándose a la creación de empresas falsas con la única intención de cobrar grandes cantidades de dinero a ciudadanos extranjeros a cambio de su alta en la Seguridad Social.
Vendían, presuntamente, contratos falsos de trabajo a ciudadanos extranjeros
Los agentes estuvieron durante meses siguiendo la pista de las actividades de los investigados, pudiendo comprobar cómo, presuntamente, se dedicaban a la venta de contratos falsos de trabajo a ciudadanos extranjeros con la intención, a cambio de una importante cantidad de dinero, de regularizar su situación en el país.
La organización no se dedicaba solo a emitir falsos contratos de trabajo, sino que también falsificaba documentación relacionada con alquileres domiciliarios o que justificara arraigo en España, siempre con la intención de defraudar a la Seguridad Social, bien a través del alta en la misma o el cobro de prestaciones o subvenciones.
Pero tras cerca de una año de investigación la operación policial se precipitó, la Policía Nacional descubrió las intenciones de los detenidos, que no eran otras que llevar a todos sus trabajadores ficticios de sus diferentes empresas ficticias a un ERTE, lo que provocó que los agentes establecieran un dispositivo policial para evitar una importante defraudación económica al erario público.