Menos de dos años de vida y más de 131 millones de euros recaudados. Son las cifras que presenta la Ley de Seguridad Ciudadana a poco de cumplirse un nuevo aniversario de su polémico nacimiento. La infracción estrella que más dinero consigue para el Estado es el consumo o tenencia de drogas, seguido del uso de armas prohibidas y la desobediencia a los agentes de la autoridad. Esta ha logrado recaudar diez millones de euros.
Algunos abogados apuntan a que los ciudadanos han perdido garantías. Lo que antes eran juicios, ahora son multas. "Antes de la entrada en vigor de la Ley Mordaza, esto implicaba un juicio donde había un juez y unas garantías para un procedimiento penal y ahora es una sanción administrativa", critica Eric Sanz De Bremond, abogado de 'Red Jurídica'.
Para la policía, la ley es una guía de actuación que unifica normas y gana en rapidez. "No ha cambiado prácticamente nada. Se ha dado agilidad. Cuando se insulta a un policía, este impone una sanción administrativa, pero siempre estará abierta el recurso administrativo y la vía judicial: el contencioso administrativo para poder recurrir". cuenta Serafíl Giraldo, miembro de la Unión Federal de Policía.
Sin embargo, según Amnistía Internacional, el miedo a las sanciones ha hecho que muchos dejen de denunciar injusticias porque no todo el mundo puede costearse un juicio. "El hecho de que el policía tenga presunción de veracidad, que tengas que pagar la multa, que tengas que buscar abogado y tengas que pagar los costes de ese proceso está echando a muchísima gente para atrás", cuenta virgína Álvarez, responble de Interior en Amnistía Internacional. Aseguran de esta forma que la libertad de expresión, en España, sí tiene un precio.