La Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular, ha pedido el sobreseimiento de la pieza de los ERE en la que están procesados los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 24 ex altos cargos de varias etapas del gobierno regional.
En el escrito, al que hemos tenido acceso, los servicios jurídicos de la Junta no aprecian prevaricación o malversación y señalan que "no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones".
La Junta entiende que los hechos imputados a los encausados no constituyen prevaricación, y tampoco pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, ya que este último extremo exige la preexistencia de una conducta prevaricadora seguida de otra que debe tener ánimo de lucro.
Sin embargo, sí admite que se produjeron "múltiples irregularidades administrativas" que tienen "indiciariamente" trascendencia penal, pero que por afectar al procedimiento de concesión de ayudas, sus posibles responsabilidades penales han de dilucidarse en el seno de cada uno de los procesos que afectan a esos expedientes.