Según han informado fuentes de la investigación, además de esa documentación la Fiscalía ha pedido a la Guardia Civil que, en sus funciones de policía judicial, reclamen a estos consistorios todos los documentos por los que los ayuntamientos ceden locales para la celebración del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Fuentes fiscales han indicado que se trata de los ayuntamientos leridanos que están siendo investigados por la Fiscalía, una treintena de los 57 cuyos alcaldes ya han sido citados a declarar. Entre ellos el de Oliana, cuyo alcalde, Miquel Sala, ha explicado a TV3 que varios agentes de la Guardia Civil ya se han personado en el consistorio con el mandato de la Fiscalía.
Según ha indicado, los guardias civiles han pedido la documentación relacionada con los decretos de apoyo al referéndum del 1 de octubre aprobados por ayuntamientos catalanes y la cesión de locales para la consulta.
Los agentes, ha dicho, han entregado el requerimiento a la secretaria municipal y se han llevado un informe jurídico relacionado con las cartas enviadas por el Gobierno a los consistorios instando a que cumplan la ley y advirtiendo de las consecuencias de desobedecer al Tribunal Constitucional (TC).
También le han pedido el decreto de apoyo del Ayuntamiento de Oliana al 1-O -según el modelo que hizo público la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI)- aunque finalmente han constatado que el alcalde no lo firmó, sino que expresó su respaldo al referéndum a través de un manifiesto, ha afirmado Sala.
Tres miembros de la Guardia Civil se han personado asimismo en el Ayuntamiento de Alpicat, ante lo cual su alcalde, Joan Gilart, se ha mostrado "sorprendido". "Ya declaré el viernes delante de Fiscalía y se sabía que habíamos firmado el decreto", ha dicho Gilart, que ha explicado que "se les ha facilitado lo que han pedido y ya está. Ha sido un trámite rápido y sencillo".