NUEVO MARCO LEGAL
La Ley de Transitoriedad catalana permitirá a los ciudadanos tener la doble nacionalidad en caso de independencia
La ley de Transitoriedad Nacional de Cataluña se aprobará antes del 1 de octubre y entrará en vigor de inmediato si gana el 'sí'. Permitirá, dicen los independentistas, la doble nacionalidad catalana y española. La Generalitat asumirá la gestión tributaria y Cataluña tendrá un tribunal supremo propio. Además, se aprobará una amnistía para los imputados por el procés.
Si gana el 'sí' en el referéndum, Cataluña tendrá una nueva ley, la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Con ella, el Govern asumiría todas las competencias del Estado, como la hacienda, los funcionarios, o el pago de las pensiones.
Se aprobará antes, del 1 de octubre, como pedían ERC y la CUP, esto garantiza, dicen, que no habrá marcha atrás. Benet Salellas, diputado de la CUP, ha dicho que "dinamita cualquier posible intento procesista de abrir nuevos debates tras ganar el 'sí'".
Además, amnistía a los condenados por el procés, convierte al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el Supremo catalán, permite a los catalanes mantener la doble nacionalidad y el President sería el jefe del Estado. Todo provisional hasta el siguiente paso.
Desde Junts pel sí, Lluís Corominas, ha dicho que "se conduce al siguiente periodo, elecciones constituyentes donde los ciudadanos serán quienes decidan qué constitución quieren".
Sobre esta nueva ley han hablado Rajoy y Sánchez. Insisten en que no es el camino. "El PSOE se opone frontalmente a esta iniciativa, que es un engaño más", ha afirmado Óscar Puente, portavoz del PSOE. Para el PP no tiene sentido que algo tan importante salta adelante en tan poco tiempo. Xavier García Albiol, presidente del PPC, ha preguntado que "en qué país civilizado se aprobaría una ley para crear o para hacer la fundación de una república en 35 días".
Como Ciudadanos, creen que el Estado central lo parará. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Parlament ha dicho en ARV que "es un golpe contra el sentido común y los principios básicos de la democracia al pensar que los políticos podemos estar por encima de la leyes".
Si saliera un 'no' en el referéndum, la ley no entraría en vigor y se convocarían elecciones autonómicas.
