La Justicia mantiene paralizadas las devoluciones a Marruecos de menores no acompañados que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo. El juzgado de lo contencioso número 1 de Ceuta mantiene en su escrito la suspensión de las repatriaciones de un total de nueve menores migrantes, y lo hace extensivo al resto de los 700 jóvenes que se encuentran en la misma situación, al considerar que pueden suponer una vulneración de los Derechos Fundamentales de los menores.

En un auto, al que ha tenido acceso laSexta, la jueza Fernández Vicens desestima las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado, quien en representación del Gobierno pedía que se continuase con las repatriaciones al considerar que la situación en la ciudad autónoma es crítica y podría "volverse crónica" si se dilatase en el tiempo. Amparaba su petición en un acuerdo con Marruecos de 2007.

También añadía la Abogacía del Estado que estos menores no están en situación de vulnerabilidad. Pero la jueza considera que "existen datos bastantes para entender, sin prejuzgar el fondo del asunto, que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española".

Además, el escrito de la jueza de Ceuta señala que "no consta que se haya cumplido con ninguno de los perceptivos trámites". "No se ha aportado información alguna de los menores afectados que permita conocer los datos que han determinado

su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores, ni a la Ciudad Autónoma, pese a asumir ésta la guarda de los menores, ni al Ministerio Fiscal", relata el auto.

En este contexto, considera la jueza que el incumplimiento de estos trámites, recogidos expresamente en nuestro ordenamiento jurídico "generan indefensión en los menores que han sido privados de la posibilidad de formular alegaciones o proponer prueba; de conocer los concretos datos tenidos en cuenta para adoptar tal decisión; y de poder accionar los recursos establecidos para dejar sin efecto la resolución".

Y respondiendo a la Abogacía del Estado, la jueza añade en el texto que "no puede tomarse en consideración el número de menores que hay en Ceuta con motivo de la situación generada el 17 de mayo para justificar el incumplimiento de las disposiciones legales".

No obstante, la suspensión de las devoluciones es cautelar, por lo que se puede recurrir en apelación a la medida.

Mientras tanto, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirán este miércoles en la Moncloa para evaluar la situación y encontrar una solución a este varapalo judicial.