En la providencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid solicita a la Rey Juan Carlos para que antes del próximo 8 de agosto remita una serie de documentación que cumpla con los siguientes requisitos. Que sean expedientes de reconocimientos de créditos en másteres oficiales de la URJC, todos ellos del curso académico 2008-2009 pero que sean diferentes del Máster de Derecho Autonómico que cursó el líder del PP, Pablo Casado, es decir, que no sean títulos propios del Instituto de Derecho Público de la Universidad.
Pero también que el máster tuviera solo 60 créditos, como el de Casado, a ser posible que fueran de diferente títulos de posgrado, que se reconocieran asignaturas por hasta 40 créditos y que el único mérito para esa convalidación fuera ser licenciado, ingeniero o arquitecto. Pide entre 10 y 20 expedientes a la Universidad.
La jueza pretende con ello averiguar si era habitual en estudios superiores de 60 créditos conceder convalidaciones de asignaturas por hasta 40 créditos, como sucedió con el líder del PP y con sus tres compañeras investigadas. Pero sobre todo el formato administrativo empleado en las tramitaciones de esos expedientes, si se producían en masa, de forma reglada, rellenando todos los espacios y si su concesión se producía con anterioridad o no a la solicitud correspondiente de los alumnos.
Este fue el caso de Maria Mateo Feito, que tuvo dos cargos en Gobiernos de Mariano Rajoy en los ministerios de Empleo y Economía, y que declaró como investigada ante la jueza, a quien reconoció que le concedieron las convalidaciones con anterioridad a que ella las solicitara, aunque precisó que de eso se enteró más tarde. También a las otras dos compañeras imputadas, Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana durante la presidencia de Francisco Camps y María Dolores Cancio, profesora de la URJC, a quienes les convalidaron esos 40 créditos.