El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, instructor del 'caso Koldo', ha ordenado a Puertos del Estado y Adif, además de a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad -perteneciente al Ministerio del Interior, y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que entreguen una "copia" del "contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo" de varios altos cargos.
A través de un auto dictado el 19 de febrero al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado ha pedido a estos organismos públicos los archivos del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020, cuando se produjeron las adjudicaciones bajo sospecha a la trama.
Así, el juez ha exigido a la entidad de Puertos del Estado el material de Francisco Toledo Lobo, Álvaro Sánchez Manzanares, Aránzazu de Miguel Peña y Belén Caballero Martínez. A Adif le pide el contenido de los buzones y carpetas de Isabel Pardo de Vera Posada, Martín José Navarro Vicent, Jesús Ángel Díaz Muñoz, además de Michaux Miranda Paniagua. A este último, el director general de Gestión de Personas de Adif, además de pedirle el contenido referido al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020, también añaden el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024.
Por su parte, a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, le pide que facilite la copia del contenido de Daniel Belmar Prieto. En el caso del material exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tan solo piden el contenido de los buzones y carpetas de Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos, desde el 1 de enero de 2020 a la actualidad.
El sumario apunta a que en ese periodo de tiempo en el que exigen el contenido a estos organismos públicos, los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto presuntamente pagaron comisiones irregulares e "influyeron" en distintas "autoridades" precisamente para conseguir contratos de la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia.
Según el magistrado, Víctor de Aldama, quien "gozaba de cierta prevalencia en el Ministerio de Transportes", "habría influido en ese Departamento para que esta decisión fuese adoptada". La investigación apunta, además, que Koldo tenía constancia de estas adjudicaciones públicas, siendo Cueto la persona que da cuenta a Koldo de estas cuestiones.