Jueces y fiscales convocan tres días de huelga en julio contra las reformas judiciales del Gobierno

Jueces y fiscales de España aumentan la presión contra las reformas judiciales del Gobierno. En concreto, han convocado una concentración frente al Tribunal Supremo el sábado 28 de junio y tres días de huelga que tendrán lugar el 1, 2 y 3 de julio.

Estas movilizaciones han sido convocadas por todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las dos progresistas, dejando claro que seguirán adelante con ellas si no se retiran los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.

En un comunicado que firman las cinco asociaciones, que el pasado 11 de junio llevaron a cabo un paro de 10 minutos en protesta por las reformas judiciales emprendidas por el Ministerio de Justicia, llaman ahora a una huelga de tres días "en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos".

Esta convocatoria está secundada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Antes de la huelga, las asociaciones han convocado una concentración en Madrid el sábado 28 de junio a las 12:30 horas frente a la sede del Tribunal Supremo, una manifestación "estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista", que está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía.

Las asociaciones no descartan prolongar la huelga en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos tras esas protestas.

Para estas cinco asociaciones, las reformas legislativas "comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal". En concreto, urgen a la retirada del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Consideran que estas reformas contienen medidas "altamente perjudiciales" por afectar "gravemente" a la independencia judicial, no responden a una verdadera demanda social y no contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, "incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho".

En cuanto a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, creen que supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas. Sostienen que se dan pasos atrás, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora.

El Gobierno defiende que estas reformas "modernizan" la Justicia

Fuentes del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han desvelado a laSexta qué piensan sobre esta convocatoria, dejando claro que el gran dilema en Justicia ahora es "reformas o inmovilismo".

"La mayoría parlamentaria y la mayoría de la sociedad está con las reformas, que seguirán su tramitación en las Cortes. No obstante, respetamos la convocatoria", han señalado.

De esta forma, han confesado que comprenden que estas reformas generen algunos temores o reticencias, dejando claro que están convencidos de que lo que hoy genera debate "mañana será consenso".

"Estas reformas modernizan la Justicia para que sea más eficaz, ágil y cercana a la ciudadanía", han defendido, asegurando que la Justicia será "mucho mejor" cuando las reformas estén aprobadas.

Por su parte, Félix Bolaños ha indicado en sus redes sociales que la ley "amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial".