Jueces y fiscales protestan contra las reformas judiciales del Gobierno con paros simbólicos ante los juzgados

Jueces y fiscales han escenificado este miércoles su rechazo a dos reformas del Gobierno en el ámbito de la justicia: la relativa al acceso a la carrera judicial y fiscal y otra que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Lo han hecho con paros simbólicos de 10 minutos ante juzgados y tribunales de distintos puntos del país, convocados por todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las dos progresistas.

En Madrid, la convocatoria central ha sido en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba presente en primera fila el juez instructor de la causa por agresión sexual contra Íñigo Errejón, Adolfo Carretero. Allí también han estado presentes los expolíticos Macarena Olona y Marcos de Quinto, así como diputados autonómicos de Vox y miembros de la asociación ultraderechista Hazte Oír.

Una vez los jueces han vuelto a sus despachos, un buen número de personas han permanecido concentradas a las puertas de los juzgados, coreando proclamas contra el Ejecutivo -con gritos de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" y "no es un Gobierno, es una mafia"- y dedicando insultos también a los periodistas de laSexta.

También ha habido una concentración simbólica en las puertas del Tribunal Supremo. Allí han estado al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que es el fiscal en el caso de José Luis Ábalos; el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández; los magistrados del Supremo Antonio del Moral y José Luis Requero y los jueces de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Antonio Piña, que lleva el caso Villarejo.

Han sido recibidos con aplausos de un centenar de ciudadanos que se han congregado en la Plaza de la Villa de París, así como gritos de "libertad" y "valientes" y alguno de "Pedro dimisión".

Por su parte, en la concentración ante los Juzgados Badajoz ha participado la jueza Beatriz Biedma, la magistrada que ha llevado la instrucción de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Las quejas

El manifiesto que se ha leído en estos paros simbólicos denuncia que la independencia judicial "está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas", entre las que citan el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Denuncian que el primero se ha "tramitado injustificadamente por vía de urgencia", que "no responde a demanda social alguna" y que ha recibido un informe "muy crítico" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dicen que la reforma, que el ministro Félix Bolaños presentó como una medida para democratizar el acceso a la judicatura y la carrera fiscal, "va a rebajar la excelencia de conocimientos", eliminando "contenido esencial" e "introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".

También rechazan la creación del centro público de preparación de opositores que plantea la reforma, porque, dicen, dependerá "directamente del Gobierno" y entrañará un "riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales". Además, critican el proceso de estabilización para jueces y fiscales sustitutos, "sin pruebas que midan su aptitud para ello", con "grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".

En cuanto a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, denuncian que "se quieren aumentar las competencias" del fiscal general del Estado y que este "seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo". "Sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción", advierten.

El manifiesto, que suscriben todas las asociaciones conservadoras, incide en que estas reformas se producen "en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía", con "declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia".

"La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma", reza el manifiesto, leído después de que esta misma semana el Tribunal Supremo haya propuesto juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Las reformas impulsadas por el Gobierno, continúa el texto, "van encaminadas a convertir el poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente". Así, piden la retirada de ambos proyectos y no descartan llegar a la huelga.