Isabel Celaá ha sido elegida por Pedro Sánchez para asumir la cartera de Educación y Formación Profesional en la XIV Legislatura. La socialista tendrá que poner en marcha las promesas recogidas en el acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos.
En materia de Educación, el texto recoge once puntos claves en el que el reto más importante es la derogación de la LOMCE, más conocida como 'ley Wert', a través de la aprobación de una Ley Básica de Educación para blindar la enseñanza pública.
La nueva Ley que promulgue el ministerio de Celaá pondrá fin a una de las leyes más controvertidas de los últimos años en materia educativa, que desató una huelga general y una 'marea verde' meses antes de su aprobación en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta del PP.
La comunidad educativa llenó las calles para protestar contra la séptima reforma educativa de la democracia, llevada a cabo por el ministro José Ignacio Wert, la subida de tasas universitarias y los recortes en educación decretados por el Gobierno de Rajoy.
Los puntos más controvertidos de la ley eran las reválidas en la ESO y el Bachillerato, el paso a un segundo plano de las materias artísticas, el blindaje del castellano, la importancia otorgada a la asignatura de religión y la ampliación de los convenios con la escuela concertada.
En febrero de 2019, el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobaba el Proyecto de Ley por el que se modificaron los "aspectos más controvertidos" de la LOMCE. Sin embargo, para el nuevo Ejecutivo, todavía queda mucho por hacer en materia educativa y el nuevo objetivo, entre otros, será derogar dicha ley para aprobar otra.
Por una educación pública de calidad
Ambos partidos se comprometen a eliminar la segregación escolar por cualquier condición (origen, necesidades especiales o sexo), otorgando especial importancia a la eliminación de "la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos".
"Igualmente se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo", explica el texto del acuerdo. Además, la asignatura de religión será voluntaria y no evaluable.
Otro de los retos a los que tendrá que enfrentarse Celaá en su cargo es a la promesa de universalizar la Educación Infantil Pública de 0 a 3 años "en condiciones de equidad", así como la gratuidad de los libros, el material y el comedor escolar para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica durante todas las etapas.
El equipo de Isabel Celaá también tendrá que enfrentarse al desafío de incrementar la partida económica destinados a la educación y a las becas "hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025".
De Patxi López a Pedro Sánchez
María Isabel Celaá Diéguez (Bilbao, 1949) es licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho y catedrática de Lengua y Literatura Inglesa. La política vasca tiene una gran vinculación a la cultura irlandesa, después de los años que vivió en Belfast y Dublín.
En 1987 Celaá comenzó en política siendo responsable del gabinete de José Ramón Recalde, consejero de Educación, Universidades e Investigación, asesinado por ETA en el año 2000.
Después de ejercer como viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación y ser directora de gabinete del consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social Ramón Jáuregui, entró a formar parte del parlamento vasco por Vizcaya en 1998.
En el Parlamento vasco, la socialista ha ostentado multitud de cargos como vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento Vasco (2005 a 2009) y vocal en diferentes comisiones, entre ellas, la de Educación y Cultura.
Entre 2009 y 2010 fue consejera de Educación, Universidades e Investigación con el lehendakari Patxi López. En materia educativa impulsó el programa Eskola 2.0, la reforma de la Educación Pública Vasca que apostaba por el trilingüismo y la incorporación de las nuevas tecnologías en los centros escolares.
Celaá, persona muy cercana a Pedro Sánchez, fue elegida presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE en el congreso federal que ratificó a Pedro Sánchez como secretario general en 2014.