El Partido Popular sostiene que en España hay 'lawfare'. José Antonio Monago, ex presidente de la Junta de Extremadura y actualmente Senador del PP afirmó en la Cámara Alta que el juez que dictó la sentencia de la Gurtel ejecutó 'lawfare' contra el PP.
Es más, ha afirmado que con solo un párrafo de su sentencia derrocó al gobierno de Mariano Rajoy. Unas palabras que han sido aplaudidas por los senadores 'populares'. "El mayor caso de 'lawfare' lo mecieron ustedes porque un juez, el juez De Prada, introdujo un párrafo en la sentencia de la Gürtel que provocó la caída del Gobierno de Rajoy y que finalmente, esa frase de marras, fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto", ha señalado Monago.
El PP de Feijóo, Esquerra -de Junqueras-, Junts -de Puigdemont- y el Ministro de Transportes, Óscar Puente, comparten así este análisis sobre la Justicia española. Sin embargo, en esta ocasión el Consejo General del Poder Judicial, de momento, no se ha pronunciado.
Tampoco ha trascendido que exista indignación en el Tribunal Supremo y las asociaciones de jueces tampoco han llamado a protestas como las que han protagonizado en las últimas semanas. De hecho, sólo una de las cuatro asociaciones mayoritarias, la Francisco de Vitoria, califica las palabras del senador popular como "inasumibles". Incluso Jueces y Juezas para la Democracia se ha preguntado en sus redes sociales si "el CGPJ va a hacer una nota informativa denunciándolo, como en el caso de Junts".
La semana pasada, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial reiteró su rechazo a las referencias al 'lawfare' y advirtió de que se mantendría vigilante en relación con el desarrollo de las comisiones parlamentarias de investigación en defensa de la independencia judicial, confirmando así la declaración emitida el pasado 9 de noviembre tras tomar conocimiento del acuerdo en cuestión, en la que manifestó su decidida oposición a la formación de comisiones parlamentarias destinadas a detectar casos de supuesto 'lawfare'.
Todo después de convocar una reunión extraordinaria a solicitud de los vocales conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, en respuesta a la aprobación por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados para la creación de dos comisiones de investigación, centradas en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils ocurridos el 17 de agosto de 2017, así como en la llamada 'Operación Cataluña'.