El decreto ómnibus ha sido aprobado por el Congreso, en una sesión extraordinaria en el Senado, después de que, en contra de las previsiones y de lo que habían afirmado durante la semana, Junts no votara en contra de su aprobación. Tampoco lo hizo a favor, sino que los siete representantes del partido catalán no votaron, lo que permitió la victoria del sí por un solo voto de distancia.

Esta decisión de Junts ha sorprendido dada la negativa mostrada durante los últimos días de sacar adelante unos decretos que consideraban que "retrasaban la ley de amnistía". Sin embargo, un acuerdo de última hora entre Junts y el PSOE ha logrado el cambio de opinión de los catalanes respecto a sus votos.

Este acuerdo ha consistido en la eliminación de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil propuesta por el Gobierno, a través de la cual se hubiera podido paralizar la ley de amnistía hasta esperar una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con la ausencia de esta modificación, el Gobierno ha logrado la mínima colaboración de Junts. No votaron a favor, sino que simplemente no votaron, una acción suficiente para que el decreto ómnibus salga adelante con 172 votos a favor y 171 en contra, siendo el único de los tres decretos sometidos a votación este miércoles que ha sido aprobado.

¿Qué es el decreto ómnibus?

El decreto ómnibus es un grupo de medidas de diferente índole propuesta por el Gobierno en la que introducirían una serie de modificaciones en varias leyes, la gran mayoría de ellas relacionadas con el ámbito de la justicia. La digitalización de los procedimientos judiciales, así como medidas relacionadas con las bases del régimen local, el régimen fiscal del mecenazgo o medidas legislativas urgentes en materia de función pública están incluidas en este decreto.

Su aprobación era vital para avanzar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia suscrito por el Gobierno, al incluir medidas fundamentales para que España pueda solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación, que alcanzaría la suma de 10.000 millones de euros, a su vez necesarios para acometer estas mismas reformas.

Dentro de este decreto 'ómnibus' se encuentra el artículo 103, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil y añade un nuevo artículo a dicha ley, el 43 bis, referente a la cuestión prejudicial europea: en esa disposición, se recoge que, cuando se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se "suspenderá" cualquier actuación "hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Esto significa que, cuando se apruebe la ley de amnistía y deba aplicarse a los condenados por el procés, se podría plantear una cuestión prejudicial que paralizaría la amnistía hasta que el TJUE resolviera sobre esa cuestión, motivo de la negativa hasta última hora de Junts y que su eliminación ha logrado evitar la negativa del partido catalán.