El Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no estaban medicalizadas y que debían trasladar a los mayores a los hospitales

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sabía desde los primeros días de la pandemia de covid-19 que en las residencias no se podía tratar a los ancianos y ancianas víctimas de la enfermedad. Así se sonsaca de los correos publicados por 'El País', en una cadena de emails en los que Carlos Mur advierte que el plan no estaba funcionando y que debían "trasladar" a los hospitales a más personas de las previstas.

Tanto a las que podían "salvar" como a las que no. Como a gente a las que, dice, debían "ayudar a morir dignamente". Sin embargo, y a pesar de su advertencia, las derivaciones a hospitales cayeron a su nivel más bajo durante el 20, el 21 y el 22 de marzo de 2020 y no volvieron a la normalidad hasta comienzos de abril.

Los correos son anteriores a los que el 22 de marzo envió Alberto Reyero, por aquel entonces consejero de Políticas Sociales, en los que advertía a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, sobre el abandono de las residencias. Sobre muertes "indignas". Sobre una "discriminación de graves consecuencias legales".

Ahora, la información que publica 'El País' deja ver de nuevo los choques entre PP y Ciudadanos, con un Mur que se había reunido el 13 de marzo con un grupo de médicos que ejercerían de filtro en las llamadas de las residencias pidiendo hospitalización. Las personas con dependencia física o cognitiva, para evitar el colapso de los hospitales, recibirían tratamiento en esos centros.

Con el primer protocolo de triaje distribuido el 18 de marzo, el viernes 20 Mur describió el escenario como "espantoso" en un correo dirigido a Begoña Cortés, alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales. Además, puso en copia a Escudero, a Reyero y a otros tres cargos de los departamentos de Sanidad y de Políticas Sociales.

Mur, en ese sentido, reprochó a la directora de Atención al Mayor que no llegaran médicos a las residencias: "Si no se avanza en su contratación no se va a poder tratar allí".

Un plan a corto plazo

"Mi idea es firme. Debemos trasladar a aquellos que podamos salvar y a los que no ayudarles a morir dignamente. Si no podemos darles ni siquiera cuidados paliativos dignos en las residencias el protocolo inicial no es realizable. No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un importante número de muertes evitables", expuso.

Y es que Mur pidió trasladar "directamente" a hospitales públicos de media estancia especializados en rehabilitación. Además, también se refirió a la opción de derivar al resto de hospitales públicos si se aliviaba la presión asistencial gracias a Ifema.

El plan era a corto plazo, con la propuesta de reformar el proyecto de residencias medicalizadas cuando se lograra el personal médico necesario. Mur sabía, además, que los mayores no iban a recibir atención en el hospital de campaña de Ifema, tal y como se lo había expresado Escudero un día antes. "Buscaban pacientes sin problemas para la actividad básica diaria y sin deterioro cognitivo", reveló Mur en la Asamblea de Madrid en 2021.

Ana Dávila, mano derecha de Escudero, respondió al correo de Mur pasada media hora. En su respuesta, parece reprender a Gómez, de Políticas Sociales, por no comunicar qué médicos habían aceptado ir a las residencias.

De un listado de 151 voluntarios, Gómez respondió que no habían podido contratar a ninguno de esos sanitarios al ser de otras comunidades autónomas, que no querían desplazarse y que alguno presentaba síntomas.

Esa misma tarde, Mur firmó el segundo de los cuatro protocolos de triaje que se enviaron a los hospitales y que relajó algo los "criterios de exclusión". Sin embargo, los datos muestran que los traslados a los hospitales madrileños siguieron cayendo.

Antes de la pandemia, el promedio de hospitalizaciones procedentes de residencias era de 120 al día; entre el 7 y el 31 de marzo la media cayó a 65, yal y como dice la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de la capital.

Mur niega haber redactado los protocolos

Estos correos se conocen después de que Mur negase haber redactado los denominados "protocolos de la vergüenza", según confirmó la acusación después de la declaración del lunes. En la misma, realizada por videoconferencia desde Andorra, comenzó diciendo que las víctimas del covid merecen respeto pero se negó a responder a las preguntas de la acusación particular, que representaba a los familiares de los fallecidos.

Mur declaró que su papel en estos protocolos fue "coordinarlos, revisarlos, firmarlos y enviarlos", y señaló a Javier Martínez Peromingo, su sucesor, como el autor de los mismos junto a una veintena de geriatras de enlace.

La acusación considera que Mur ha desmentido a Martínez Peromingo, al decir él que le advirtió de que esos protocolos podrían ser discriminatorios. "Se están echando la pelota unos a otros", ha dicho la abogada Alejandra Jacinto.

Se han suspendido las declaraciones de cuatro médicos porque las defensas no tenían notificación de esas diligencias, que se ordenaron el 7 de noviembre, mientras que la Fiscalía no ha hecho preguntas. Se trata de la primera vez que declara Mur después de cuatro intentos fallidos en los que no hizo acto de presencia en sede judicial.

Los protocolos denegaron el traslado hospitalario a residentes con alguna discapacidad durante los peores días de la pandemia de coronavirus del año 2020, protocolos con unos criterios de exclusión de derivación hospitalaria en los que se desaconsejaba o directamente prohibía la derivación hospitalaria de personas mayores con discapacidad, con demencia o un alto nivel de dependencia.

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