El efecto dominó de la renuncia de Ábalos a su escaño: la causa sobre amaño de obras públicas se dilatará con su envío a la Audiencia Nacional

La renuncia de José Luis Ábalos al acta de diputado en el Congreso tiene dos consecuencias importantes, tanto a nivel parlamentario como a nivel judicial. En el primer caso, el PSOE recupera un escaño que recaerá en la siguiente persona en la lista socialista por Valencia: Ana María González Herdaro. La complicada aritmética parlamentaria del Gobierno de coalición consigue recuperar algo de oxígeno porque, hasta ahora, al Ejecutivo no le servía una abstención de Junts para aprobar sus medidas.

Pero sin duda es la vertiente judicial donde más puede cambiar la situación del exministro y exdiputado. Recordemos que Ábalos se enfrenta a dos grandes causas: el caso mascarillas y el presunto amaño de obra pública. De la primera investigación se hará cargo el Tribunal Supremo al estar la causa pendiente de ir a juicio en marzo o en abril, una causa en la que la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama.

Fue en esta primera causa de la que derivó la situación actual de Ábalos, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre junto a Koldo García después de que las acusaciones populares pidiesen esta medida al considerar que existía riesgo de fuga. En la cárcel de Soto del Real, ambos esperan ser juzgados, pero hay otro frente judicial todavía más grande que, ahora puede cambiar de escenario.

Un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014 deja claro el escenario para Ábalos en esta causa: "En las causas con aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado".

Los pagos en efectivo, otro frente abierto

Con la pérdida del aforamiento de Ábalos, se prevé que el Supremo envíe la causa a la Audiencia Nacional, que por su naturaleza suele tener plazos más largos haría demorar la pieza separada de los amaños en obras públicas, como en otras grandes causas llevadas allí como la trama Kitchen.

Hasta ahora, el juez Leopoldo Puente ha llevado la investigación debido a la condición de diputado del exministro, considerando que Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por "concentrarse" en aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

Esta pieza separada no ha impedido que la Audiencia Nacional lleve a cabo su propia investigación del conocido como 'caso Koldo', donde hay una pieza que gira en torno a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y se ha interrogado a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero sobre supuestas irregularidades en obras públicas.

Además, el magistrado investiga los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes ante la sospecha de que el exministro y su entonces asesor pudiesen aprovechar la falta de controles en el partido para devolver gastos anticipados con el fin de blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

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