El Gobierno de Ayuso presenta un tercer recurso contra el reparto de menores migrantes

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto que el Gobierno aprobó el martes y que fija las plazas que cada comunidad autónoma debe tener para acoger a menores migrantes no acompañados. Ese decreto es el último paso para poner en marcha la reubicación de los menores que ahora mismo se hacinan en Canarias y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lo va a recurrir, en el que es ya su tercer recurso contra este sistema.

El Ejecutivo madrileño esgrime que este decreto vulnera competencias autonómicas. El recurso judicial, anunciado este miércoles por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, se produce después de los dos anteriores que la Administración autonómica ya presentó contra el primer decreto sobre el reparto de menores, aprobado en marzo y el que lo desarrollaba, aprobado en julio.

El primero de estos decretos fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras autonomías gobernadas por el PP ante el Tribunal Constitucional, argumentando que invadía competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y que se estaba empleando un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas. El segundo recurso lo presentó el Gobierno regional en solitario el pasado 30 de julio ante el Supremo.

El martes, el Consejo de Ministros aprobó el decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad para cumplir el ratio fijado para este año, de 32,6 plazas de acogida por cada 100.000 habitantes. Las comunidades con una ocupación de sus recursos que triplique esa capacidad -como es el caso de Canarias o Ceuta-, pueden pedir la situación de contingencia migratoria para activar el protocolo de traslados y que los menores se repartan entre otras regiones.

Las autonomías gobernadas por el PP, entre ellas la Comunidad de Madrid, vienen rechazando este sistema. El Ejecutivo madrileño lo tacha de "arbitrario, opaco y discriminatorio" y critica que Euskadi y Cataluña no participen en lo que califican como un "reparto forzoso", aunque desde el Gobierno central ya han explicado que uno de los criterios que se tienen en cuenta para fijar el número de plazas es el esfuerzo de acogida que ya ha realizado cada región.

Así lo indicaba el martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que recordó que "hay comunidades que han hecho un esfuerzo mayor que otras", citando el caso de Cataluña, Canarias, Euskadi y Ceuta. "Si tú has hecho un menor esfuerzo, tendrás que poner más que otros que ya lo han hecho", resumía Torres, que señaló que las comunidades autónomas "no se pueden negar a acoger menores".

Este miércoles, Torres ha avisado de que si las comunidades no cumplen la ley "tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y hacer que se cumpla la legislación". En la misma línea, según recoge la agencia Efe, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que habrá consecuencias legales si las comunidades incumplen la ley por la que se derivará a los menores desde los territorios más tensionados a otras autonomías.

Entretanto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido "humanidad" al resto de presidentes autonómicos. Acoger a 4.000 niños, ha dicho, no puede suponer un problema en un país de 49 millones de habitantes y ha pedido no usar la migración como "herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel", recordando que ante la llegada de cientos de miles de ucranianos no hubo "esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista".