Las relaciones entre Génova y el PP de Ayuso están más rotas que nunca. Hoy se ha conocido que la dirección nacional del partido pidió explicaciones a la presidenta madrileña en octubre acerca de unos "contratos irregulares" relacionados con Tomás Díaz Ayuso.

Según ha explicado el número dos de la formación, Teodoro García Egea, la información que recibieron es que existía un contrato irregular adjudicado a dedo a un amigo del hermano de la dirigente madrileña por el que este cobraba comisiones.

"En septiembre del año pasado el PP recibió información sobre un presunto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso", ha asegurado, señalando que después conocieron que esta información también estaba en manos de la oposición y de algunos medios de comunicación.

Así, se le requirió el 20 de octubre aportar información para demostrar que ese contrato no era delictivo y que su hermano no había recibido, según cifran algunos medios, hasta 280.000 euros por un contrato de mascarillas en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia. "En ese momento Isabel Díaz Ayuso quedó emplazada a aportar más información con el propósito de aclarar definitivamente el asunto, hasta el día de hoy. Ha sido en vano", ha deplorado García Egea, que ha anunciado la apertura de un expediente informador a la líder popular.

Entonces, ella defendió que no tenía nada que ver e instó a que se pusieran en contacto con Tomás Díaz Ayuso. Asimismo, se comprometió a presentar la documentación necesaria para demostrar que todo estaba en regla, algo que no llegó a hacer. Precisamente, esa misma tarde la presidenta bloqueó en WhatsApp al secretario general del partido.

En relación con el presunto contrato irregular de su hermano que adjudicó la Comunidad de Madrid y por el que, según algunos medios, se habría embolsado una comisión, Ayuso ha señalado que esto se lo indicó el propio Casado en una reunión en su despacho. Un encuentro en el que el presidente del PP trasladó que pensaba que ese contrato era "ilegal" y que había sido Moncloa quien se lo había filtrado.

"Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral", ha defendido, pidiendo pruebas que "demuestren" que ella ha beneficiado a su hermano.

Unos hechos que han salido a la luz porque en la noche de este miércoles 'El Confidencial' publicó que altos cargos de la dirección nacional contactaron con detectives privados para que investigaran si el hermano de Díaz Ayuso se llevó una comisión por un contrato a un supuesto amigo en abril de 2020, en plena ola de coronavirus, para adquirir mascarillas.

Desde el Partido Popular han desmentido "tajantemente" las informaciones relativas a "una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados". Sin embargo, fuentes de Sol a esta cadena sí indican que "el rumor de que Ayuso estaba siendo espiada llegó a oídos de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en diciembre". Entonces, "una vez recabada la información sobre el presunto espionaje, "se puso en conocimiento del alcalde para que tomara las medidas que considerara oportunas" porque el supuesto espionaje se abrió desde una empresa municipal perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, según recoge 'El Mundo'.

Así las cosas, desde Génova insisten en que no existió tal espionaje y señala que es Ayuso la que tiene que dar explicaciones. Defienden que Pablo Casado tiene un compromiso con la ejemplaridad e irán hasta el final para denunciar las falsedades.

Esta misma mañana José Luis Martínez-Almeida ha negado que la Empresa Municipal de la Vivienda, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, tenga algo que ver con un caso de supuesto espionaje. El alcalde ha asegurado que tanto como el detective como el trabajador que, presuntamente, se reunió con él niegan los hechos y no "hay más prueba que lo que ambos han dicho". Además, ha señalado que no hay ningún contrato de este tipo relacionado con el consistorio y, por lo tanto, "no se ha podido producir ningún encargo ni pago del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza".

Preguntado por la posible implicación de Ángel Carromero, próximo al entorno de Pablo Casado, en este caso, el regidor madrileño ha apuntado que "ha negado que haya hecho cualquier tipo de gestión para obtener información sobre Isabel Díaz Ayuso o sus familiares". Sí ha querido destacar que en el Ayuntamiento "no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar" y cualquier persona que vaya en contra de esta máxima "será cesada inmediatamente".

Fue Alberto Ruiz-Gallardón el que se puso en contacto con Martínez-Almeida para comunicarle que le habían trasladado que desde una empresa del Ayuntamiento de Madrid se estaba financiando el espionaje a la presidenta de la Comunidad. Al tener conocimiento de esto, Almeida impulsó una investigación que, finalmente, no arrojó pruebas al respecto, según ha confirmado el propio alcalde. Por su parte, fuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid han indicado a laSexta que "el exministro de Rajoy que alertó a Ayuso no fue Gallardón".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "desagradables las cuestiones" que se han publicado en las últimas horas. Considera, además, que "requieren una explicación" y que esta "se dé de forma inmediata". Sí ha dicho en una entrevista en 'Onda Cero' que le "cuesta creer" algunas de las acusaciones vertidas.