Sucede siempre, en todos los territorios y naciones del mundo, en cualquier época de la historia. Cuando se pone fin a una guerra, pierde la humanidad y gana la miseria. Parece norma inevitable de las contiendas, donde se ponen tantas vidas en juego como dinero. Hasta en estos casos el capital suele tener prioridad sobre las personas; por supuesto, en España el orden de los factores en riesgo no iba a ser diferente, y también se sacó tajada de un país en ruinas, devastado por las bombas, las balas y el fuego, y desesperado que necesitaba por todos los medios salir adelante. La España del 1 de abril de 1939 poco tenía que ver con la de julio de 1936.

Más de 500.000 personas habían muerto en combate, otros cientos de miles se habían visto obligados al exilio y aquellos contrarios a Franco que habían optado por quedarse en España, ocultos o no, comenzaban a sufrir la brutal represión del régimen: ajusticiamientos sin juicio, asesinatos y desapariciones forzosas, amén de la terrible cifra de prisioneros destinados a pudrirse en cárceles abarrotadas o a morir en las labores de trabajo forzoso por alcanzar una libertad que nunca llegaba. Los españoles salían de la guerra no solo siendo menos los índices de natalidad habían caído de forma alarmante—; también, encarando una situación de desempleo inherente a un panorama tan o más desolador que el que habían pintado las batallas en cada resquicio territorial en los últimos tres años: llegaban los tiempos de la posguerra.

Morir (de hambre) en España

España pasó mucha hambre. La guerra había arrasado innumerables campos de cultivo y muy pocos centros de atención y servicios básicos se habían podido salvar de los ataques. El país entraba en un periodo de recesión económica brutal condicionado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y agravado por las políticas autárquicas del franquismo, que hicieron perpetua la crisis durante una década. La falta de recursos extendida por toda Europa y el aislamiento comercial impuesto por la dictadura daban pie a una profunda depresión. Así lo expone el historiador José Antonio Biescas en su ensayo La economía española durante el periodo franquista. Al mismo tiempo, Franco comenzaba a pagar la deuda adquirida con Alemania por su ayuda militar durante la Guerra Civil. Lo hizo a través del envío de soldados a las tropas nazis, el pago de capitales e ingentes exportaciones agrícolas.

Si los datos de producción ya eran catastróficos una vez acabada la contienda civil, el proceso de industrialización seguía el mismo camino. La explotación laboral de los esclavos del régimen y las condiciones de trabajo más que precarias de los obreros 'libres' provocaron que la miseria rebosara y se hiciera más visible que nunca, y nada parecía indicar que aquella situación fuese a cambiar a corto plazo. España pasó mucha hambre; tanta que el problema no tardó en transformarse en una epidemia que causó verdaderos estragos en los débiles cimientos sociales. Así, mientras se vendía en el extranjero como una potencia en auge constante, el régimen quiso resolver la situación de forma rápida y atropellada, como quien pone una tirita a una herida de bala, pero con una vigilancia férrea sobre la misma: con esta premisa nació la famosa cartilla de racionamiento.

¿Cómo funcionaba este sistema? Con el objetivo de hacer de la autosuficiencia una estructura económica estable, el régimen impuso un sistema de vigilancia exhaustiva sobre la producción agrícola. Se establecieron zonas y volúmenes específicos de las áreas donde se trabajaba con el cultivo, la ganadería o la pesca. Estos recursos, regidos por un precio fijo ínfimo como pago a los productores, eran requisados por el Gobierno cuando ya estaban disponibles para su posterior venta. Y estos mismos recursos se compraban a través de un método de racionamiento con el pretexto de un reparto 'equitativo'. Así, Franco obtenía un control absoluto sobre la gestión y comercialización de los alimentos y otros suministros. Al menos, ese era el propósito inicial del dictador.

Para la compra de estos productos se crearon dos cartillas de racionamiento, una para la carne y otra para el resto de productos de primera necesidad. En los primeros años de posguerra, estas tarjetas eran distribuidas a nivel familiar en base al Censo de Racionamiento elaborado por la administración, pero poco después, para hacer un seguimiento mayor del consumo ante los problemas que ya estaba presentando esta fórmula, se repartieron a nivel individual, y siguiendo un patrón de clasificación discriminatoria. Había cartillas de primera, segunda y de tercera categoría, según el nivel social del consumidor en cuestión, el estado de salud y hasta su posición en la familia. Así lo expone el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante Roque Moreno Fonseret: los hombres adultos podían acceder el 100% de los alimentos, aunque el porcentaje variaba según el trabajo que tuviera; las mujeres adultas y las personas mayores de 60 años recibían el 80% de la ración de un hombre adulto; los menores de 14 años, un 60%.

Para hacer efectivo su uso, las cartillas se componían de una serie de cupones en los que figuraban la cantidad y el tipo de mercancía a la que tenía derecho una persona. La Comisaría General de Abastecimientos (conocida como 'Comisaría de Abastos'), organismo dependiente del régimen encargado de la distribución de los alimentos, estableció el reparto de los bienes de la siguiente forma: cada persona tenía derecho cada semana a cierta cantidad de pan negro (el blanco era un artículo de lujo por la escasez de cultivos de trigo), carne, patatas, legumbres y arroz, así como algo de aceite y de leche. Los cereales, las legumbres y las hortalizas podían variar, según el caso. Otros productos de primera necesidad, como el jabón, y el tabaco se incluían también en este lote. Aun con esta tabla, pocas eran las veces que una persona podía adquirir tales cantidades, o siquiera tales productos. Acceder a los mismos con una cartilla de racionamiento única era también toda una trágica aventura a razón de las enormes colas formadas para llevar a casa la ración, donde se producían desde robos hasta asesinatos con tal de recibir más suministros. No lo vendió Franco así en el Boletín Oficial del Estado del 15 de abril de 1943.

“La práctica del sistema ha puesto de manifiesto defectos que pueden ser corregidos sustituyendo el régimen de cartilla familiar [...] por el de cartilla individual, que se estima como más equitativo en orden a lograr una mejor distribución de los artículos intervenidos, y más beneficioso para la economía de la Nación”. Lo cierto es que ni con la cartilla familiar ni con la individual se logró beneficio alguno para España, y menos para los españoles. La calidad de los alimentos derivaba a menudo en intoxicaciones o en graves enfermedades. Pero ¿a qué se refería Franco con “defectos que pueden ser corregidos”?

La escasa cantidad a repartir de los mismos dio lugar a todo tipo de argucias desde el principio para obtener más comida. Todo valía para comer: se falseaban o duplicaban las cartillas de los hombres adultos para obtener el 100% de las provisiones decretadas, o se intentaban borrar con migas de pan los sellos que ponían los gobernadores civiles de cada región en los cupones para conseguir un poco más de todo; si fallecía algún miembro de la familia, se pretendía ocultar su muerte al régimen para poder seguir usando así su derecho a las provisiones. Hecha la ley, la trampa fue aún mucho más lejos: muchos vieron desde el primer momento en este injusto sistema, y en los agujeros del control de racionamiento del franquismo, la oportunidad de lucrarse, de nuevo, a costa de los más pobres.

El triunfo del estraperlo: qué comprar y a qué precio en los mercados negros de la posguerra

Las cartillas de racionamiento estaban destinadas al fracaso desde su puesta en marcha; los mecanismos empleados por la administración para la comercialización y para el reparto, todo fallaba. Los ricos y los amigos de Franco contaban con una serie de privilegios en el acceso a los bienes que dejaba excluidas a una multitud de familias que ya no vivían. Más bien se dedicaban a subsistir. Y si en los estratos más pobres se recurrían a métodos peligrosos e imposibles por llevarse algo más a la boca de lo que ofrecía el sistema de racionamiento del franquismo, la situación en el campo y en otros círculos de producción no era mejor. El bajo precio con el que la administración se llevaba todos los bienes dio paso rápido a una indignación que crecía en una España con rumbo fijo hacia el colapso financiero. Los trabajadores dedicados a la explotación agrícola fueron los primeros en responder, sirviéndose precisamente de las cartillas de racionamiento.

La producción empezó a bajar notablemente a principios de los años 40. La razón: se comenzaron a ocultar parte de los recursos que se llevaba para su posterior distribución oficial. Esto es, los productores se quedaban con una parte de los productos generados para revenderlos poco después de forma clandestina, sin ninguna clase de restricción. Así nacieron los primeros mercados negros del franquismo. Estos eran al principio, en palabras del historiador Miguel Ángel del Arco, “mercados negros de supervivencia, el 'estraperlo de los pobres', en el que participaban las clases sociales más bajas y que no enriquecieron a sus protagonistas, sino más bien le permitieron salir adelante a ellos y a sus familias”. Se convirtieron en los “defectos” que la administración quiso eliminar a través de las cartillas de racionamiento individuales. Por supuesto, no lo consiguió. Los intentos del régimen por llevar un control más intenso de la explotación agrícola no sirvieron de nada. En todo caso, ayudaron a su proliferación, esta vez con connotaciones negativas.

Para cuando Franco vio en el estraperlo un problema real contra su sistema de racionamiento, el entramado de corrupción resultado del estraperlo se había hecho tan grande de la noche a la mañana que había llegado hasta el propio régimen. Los funcionarios del Estado fieles a la dictadura hacían la vista gorda tanto en la producción como en la comercialización clandestina de los bienes. Era normal: se beneficiaban con un acceso mayor a dichos alimentos o recibían un pago en metálico a cambio de su silencio. Pronto creció un mercado paralelo al oficial en el que podían encontrarse todos los alimentos de primera necesidad: pan blanco, legumbres, arroz, leche, aceite, jabón, tabaco, patatas; hasta carne, cuya producción escaseaba por encima del resto de alimentos.

Así, si en un momento dado el Estado no podía ofrecer un producto concreto por la insuficiente cantidad que había recibido de la mano de obra, todo el mundo sabía dónde sí podía encontrarlo: las calles, plazas o estaciones de tren, cualquier espacio parecía valer para poner en marcha un negocio de resistencia al sistema de autarquía. Eso sí, con un alto coste. Los oportunistas y contrabandistas protegidos por el propio sistema se habían adueñado de este negocio, y de un momento a otro los precios se inflaron sobremanera en todo los rincones del país, porque el estraperlo creció a lo largo y ancho del territorio. Aquí, un ejemplo: tras la Guerra Civil, el salario de un obrero en libertad podía llegar a las 10-12 pesetas diarias por su trabajo (la media estipulada estaba en poco más de 7 pesetas). Un preso del franquismo percibía, si no trabajaba de forma gratuita para el régimen, 2 pesetas, de las que 1,5 iban se usaban para su manutención y los 50 céntimos restantes iban a parar a su bolsillo o al de la familia. Aunque esta cifra variaba según diversos factores, el salario de un preso no podía ser superior al de un "trabajador libre".

En contraposición, el precio de los alimentos en los meses posteriores al conflicto nacional creció un 177% respecto a 1936. Y siguió subiendo con el mercado negro. En Bilbao, sin ir más lejos, el precio del pan blanco aumentó un 800% sobre el precio oficial; el del aceite, de los productos de primera necesidad más caros, creció hasta cuatro veces por encima del marcado por la dictadura: podía llegar a rondar las 250 pesetas; el coste de una docena de huevos se duplicó, superando las 200 pesetas; el azúcar no se quedaba atrás y subió a unas 120 pesetas. Con estos precios, si se tiene en cuenta el salario que recibían obreros libres y esclavos, pocos eran los que podían permitirse el lujo de adquirir alimentos o bienes de primera necesidad.

Una vez más, los ricos se hacían más ricos, y disfrutaban de los privilegios inherentes a su estatus a costa de los pobres. Estos, que tenían que ingeniárselas como podían para salir adelante y no morir en el intento, hacían virguerías con lo poco que recibían con la cartilla y en el estraperlo de las familias para las familias, ya en declive: se freía sin aceite, se hacían pucheros únicamente con huesos y hasta tortillas sin huevo, como se expone en el libro Cocina de recursos publicado por el gastrónomo Ignasi Doménech a finales de 1938. La miseria llevaba también a cazar gatos o ratas para cocinarlos. Cualquier fórmula se aceptaba entre los demás comensales de la mesa para engañar al hambre. A partir de los años 50, España comenzó a vivir cierto aperturismo en sus políticas económicas. El giro del franquismo hacia una leve liberalización de los precios y el comercio exterior, junto a las numerosas ayudas recibidas de otros países, llevó a estabilizar en cierta modo el sistema financiero. En 1952 se puso fin al racionamiento de alimentos, y los mercados negros acabaron por desaparecer poco después, aunque no fue hasta finales de los 60 cuando se pudo hablar de una mejoría económica que impactase de forma positiva en los sectores más pobres de la sociedad. Para entonces, la Guerra Civil y la posguerra habían dejado ya una mancha en forma de muerte y desesperación que se antojaba difícil de borrar.