El borrador de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, al que ha tenido acceso laSexta, defiende que la causa sobre el contrato de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive, por 1'5 millones de euros se parta. Apuestan porque la Fiscalía Europea asuma la malversación, algo que ya está investigando, y Anticorrupción se quede el resto de la investigación de posibles delitos en España.
Según fuentes jurídicas a laSexta, la Fiscalía Europea entiende que se podría haber cometido un presunto delito de malversación de fondos europeos en el contrato del que se habría beneficiado el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Mientras, y según las mismas fuentes, el fiscal Jefe Anticorrupción se ha opuesto y ha planteado un conflicto de competencias. Así, la causa podría quedar partida, investigándose desde Europa la malversación y desde España, con la Fiscalía Anticorrupción, los posibles delitos que "acompañan" a los hechos, como tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha convocado para este mismo lunes a la Junta de Fiscales, con función consultiva, pero será la propia Fiscal General la que tome la decisión. Decidirá si la causa se parte (malversación para la Fiscalía Europea y el resto de delitos para Anticorrupción) o si todo se investiga desde el organismo europeo por la conexión entre todos los delitos.
Anticorrupción argumenta que no hay delito de malversación porque las mascarillas se compraron y llegaron a Ifema. Otra cosa serían los delitos conexos (tráfico de influencias y cohecho), que serían competencia de Anticorrupción. Por eso sostienen que la investigación es suya.
"No hay ningún tipo de corrupción" ha negado esta misma mañana Ayuso recordando laposición de la Cámara de Cuentas de Madrid o la de propia Comunidad de Madrid, "compuesta por funcionarios independientes". Y ha ironizado añadiendo: "No sé desde qué más organismo se va a fiscalizar esta historia. Sólo falta la ONU".
Las presuntas irregularidades
El contrato se llevó a cabo en abril de 2020, en pleno confinamiento y uno de los peores momentos de la pandemia de coronavirus, para comprar mascarillas a China. Según informó la propia presidenta madrileña en un comunicado, su hermano obtuvo una comisión de 55.850 euros (más IVA).
Según avanzaba la Sexta hace unas semanas, el Ministerio Público investiga la contratación a través de la empresa de Daniel Alcázar y la documentación bancaria y fiscal referida a este contrato. El instructor de estas diligencias es el propio fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La Fiscalía abría diligencias de investigación penal a través de un decreto en el que señalaba que todavía no se puede tipificar estos hechos como delitos concretos, pero sí recogía las denuncias que hablan de "tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas".
Una adjudicación sin código de verificación y firmada a mano
El documento que certifica ese contrato muestra algunos elementos inusuales, entre los que destaca la firma a mano del mismo y la falta del código seguro de verificación que sí acompaña a otros documentos del mismo expediente.
La Consejería de Sanidad ha respondido a esta información apuntando que la ausencia de ese código "puede deberse a un error informático", si bien ha admitido que desconoce "el detalle del motivo". Lo cierto es que ese código de barras es el que permite comprobar la veracidad del documento, así como asegurar que no puede ser manipulado de forma alaguna. Un código que aparece de forma común en los documentos oficiales para, también, su revisión pública.
Sin embargo, en ese documento de dos páginas en el que se constata la adjudicación urgente de 1.512.000 euros para la adquisición y compra de dichas mascarillas no aparece por ningún lado el código de barras que, efectivamente, permite verificar que el documento no ha sido manipulado. Pero no es la única anomalía que presentan estas páginas, tal y como ha constatado 'eldiario.es' en su investigación sobre cómo se produjo la adjudicación y con qué mecanismos.
En esta ocasión, la concesión del contrato está firmada a mano por la que entonces era viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad: Ana Dávila-Ponce de León.