La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha aprobado el informe de fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional tramitados por el procedimiento de emergencia durante la pandemia, entre los que se incluye el adjudicado a la empresa Priviet Sportive S.L. para la compra de mascarillas, vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. El organismo no ha detectado ninguna irregularidad.

El contrato relacionado con Tomás Díaz Ayuso por el que cobró comisiones por la compra en China de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros que fueron distribuidas al pabellón 10 de Ifema se encuentra entre los contratos fiscalizados, pero la Cámara de Cuentas no menciona que no se ajustara a la legalidad.

El informe es ya definitivo tras un análisis de los 4.448 contratos que se tramitaron por esta vía durante lo peor de la pandemia, en 2020, y certifica que la mayoría de ellos "se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico" ante una situación de "enorme dificultad para acceder al mercado incluso mediante la utilización del procedimiento de emergencia".

"La imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia (EPIS, mascarillas, respiradores, guantes, etc.) tanto en España como en otros países, implicaba una enorme indeterminación en cuanto a la negociación y fijación de los precios, plazos de entrega, calidades o, incluso sin tener la certeza de si algunas de las actuaciones destinadas a atajar la emergencia sanitaria podrían llevarse a cabo", mantiene el órgano fiscalizador, que remarca que la crisis sanitaria supuso "un reto de gestión".

Fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid señalan a laSexta que en el citado informe "no observa ninguna tacha ni reparo sobre dicho contrato". "Se contrató de manera intachable, y ahora lo respalda de manera definitiva el órgano externo e independiente de auditoría de la Comunidad de Madrid, que es la Cámara de Cuentas", remarcan las misma fuentes.

Dos contratos para bienes no destinados a la pandemia

En sus conclusiones, la Cámara de Cuentas solo apunta a dos contratos que se utilizaron para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia ni estaban amparados en el uso de la tramitación de emergencia, según la Ley de Contratos del Sector Público.

Uno de ellos es el adjudicado para el suministro de tres ecógrafos para el hospital universitario Infanta Sofía, Hospital Universitario del Henares y del Tajo por importe de 102.800 de euros, y otro para adquirir dos equipos de mamografía para el hospital Infanta Leonor y el Infanta Sofía por importe de 560.000 euros.

También señala otros contratos que "carecen de la documentación que todo expediente de contratación precisa, aún tramitado por la vía de emergencia", que se adjudicaron por la Fundación Hospital de Alcorcón para el suministro de batas, mascarillas, reactivos PCR, ventiladores y colchones, entre otros, que suman un total de 2 millones de euros.

Otro de los contratos que menciona son los adjudicados para varias reformas en el Hospital Ramón y Cajal y otra en el Niño Jesús por no haberse dado justificación de haber dado cuenta al Consejo de Gobierno, así como una adjudicación por el desbordamiento del servicio de atención de llamadas covid y de realización de pruebas covid en los que "no consta la fecha de inicio de la prestación por lo que no ha podido ser evaluada".