La Fiscalía eleva ya a 240 el número de investigaciones penales abiertas a residencias en toda España por su gestión de la crisis del coronavirus. Más de la mitad del total de diligencias corresponden a centros de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, 105 y 43 respectivamente.

En una nota emitida por el Ministerio Público en el que recopila sus actuaciones actualizadas hasta el 22 de julio, señala que en la última semana se han abierto 21 nuevas investigaciones: cinco lo han sido en la Fiscalía Provincial de Barcelona, seis en la de Madrid, dos en la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares (Madrid), otras dos en la Fiscalía Provincial de Cáceres, y una en las Fiscalías de Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Manresa-Igualada (Barcelona), La Rioja y Navarra.

Igualmente, el Ministerio Público ha conocido la apertura de siete nuevos procedimientos judiciales por hechos relacionados con residencias de mayores o centros hospitalarios: cinco en juzgados de Zaragoza y los otros dos en los de Miranda de Ebro (Burgos) y Gavá (Barcelona).

21 nuevas diligencias

Según el balance semanal que ofrece la Fiscalía General del Estado sobre estas investigaciones, de las 21 nuevas diligencias abiertas esta semana por el Ministerio Público.

Por otro lado, se ha decretado el archivo de un total de cinco expedientes de diligencias de investigación penal en las Fiscalías Provinciales de Guadalajara, Burgos, Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Cáceres, y La Rioja, éstas últimas por haberse acordado su judicialización.

Tras Madrid y Cataluña, Castilla-La Mancha con 23 y Castilla y León, con 21, son las siguientes Comunidades Autónomas con más diligencias abiertas en sus residencias.

En el ámbito de las diligencias civiles, esta semana no ha acordado archivar ninguna, por lo que mantiene las 194 abiertas hasta ahora continuando así con su trámite ordinario en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.

Se estima que al menos un 9% de los ancianos que vivían en residencias murieron durante la crisis del coronavirus.

Este mismo jueves, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha alertado de las carencias de medios y personal de los centros residenciales para mayores.

Fernández Marugán ha comparecido en el Pleno de la Cámara Baja para presentar los informes de la institución correspondientes a 2018 y 2019 en los que ya se manifestaba una insuficiencia de plazas públicas y concertadas y escasez de personal a. Unos problemas que, ha dicho, "se han puesto dramáticamente de manifiesto con motivo de la pandemia".

El Defensor del Pueblo ha asegurado que en abril entendieron que los mayores no contagiados pudieran volver con sus familiares y no perdieran su plaza y recomendaron la adopción de protocolos que "facilitaran a los familiares la despedida del paciente terminal para que su muerte fuera lo más humanizada y digna posible" Sin embargo, señala que aún no les ha llegado "informaciones sobre esa cuestión".

Durante su discurso, Fernández Marugán ha abogado por incrementar la formación del personal que trabaja en estos centros: "Se da una atención muy genérica y hay que tener servicios de inspección que sean más eficaces y permitan una función de vigilancia".